El fiscal de Medio Ambiente, César González Ramos, advirtió a Inforegión que las Áreas de Conservación Regional (ACR) están siendo gravemente afectadas por el uso irregular de los terrenos, especialmente en zonas destinadas a la protección del patrimonio forestal. Según explicó, estas áreas “deben ser utilizadas con los permisos correspondientes y velando por su autosostenimiento, sin que se produzca depredación”.
El representante del Ministerio Público señaló que en varias ACR se ha detectado la introducción de cultivos como la granadilla, el rocoto y la papa amarilla, lo que ha generado una alteración significativa de los ecosistemas.
“Se está depredando de manera sistemática áreas boscosas, y eso no puede darse bajo ningún concepto”, afirmó.
Falta de control en la expansión agrícola y vial
González Ramos insistió en que los pobladores que habitan dentro o cerca de las ACR deben contar con autorizaciones formales para aprovechar los recursos naturales o ampliar sus zonas agrícolas. Subrayó que las actividades en los límites de las áreas protegidas deben realizarse de forma “razonada y regulada” por las entidades competentes, entre ellas las direcciones regionales de Agricultura y de Conservación Regional.
Además de la deforestación, la minería ilegal se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrentan las áreas protegidas. (Foto: Difusión)
El fiscal también llamó la atención sobre la construcción de carreteras dentro de zonas de conservación, las cuales, si bien pueden tener un fin social, deben cumplir con estrictos requisitos técnicos y ambientales.
Minería ilegal: una amenaza persistente
Además de la deforestación, la minería ilegal se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrentan las áreas protegidas. González Ramos informó que existen zonas críticas, especialmente en el valle del Puente Durán y en las cuencas del río Conchumayo, donde se han realizado intervenciones para detener la extracción ilícita de oro.
Pese a las acciones emprendidas, las operaciones clandestinas continúan. “Ya se ha hecho dos interrupciones mineras, pero siguen entrando maquinarias”, lamentó el fiscal, quien anunció que toda maquinaria utilizada para la extracción ilegal será incautada o destruida conforme al Decreto Legislativo N.º 1100, que faculta la inhabilitación de equipos dedicados a esta actividad.
Llamado a la acción y responsabilidad compartida
Finalmente, González Ramos exhortó a las autoridades locales y regionales a reforzar la vigilancia y protección de las áreas naturales, recordando que la conservación del patrimonio forestal es un deber colectivo.
El fiscal reiteró que la sostenibilidad de las ACR depende de la coordinación entre instituciones, comunidades y el Estado, así como del cumplimiento estricto de las normas ambientales. Solo así, dijo, podrá frenarse la pérdida acelerada de los bosques y asegurar un futuro más sostenible para las próximas generaciones.
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