Jaén: Denuncian a 9 funcionarios de la UNJ ante la fiscalía de crimen organizado de Lambayeque

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Un escrito ingresado el último jueves 21 de julio del 2022, a la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, está formulando una seria denuncia penal contra nueve funcionarios y servidores de confianza de la Universidad Nacional de Jaén – UNJ.

Los funcionarios denunciados son, el Presidente Encargado y Vicepresidente de Investigación de la Comisión Organizadora, Víctor Benjamín Carril Fernández; el Vicepresidente Académico, Abner Milán Barzola Cárdenas; el Director General de Administración, Wilder Gómez Penadillo; la Asesora Técnica de la Comisión Organizadora, Jesús Reyna Tuesta; el Director del Centro de Producción de Bienes y Servicios, Royler Yalta Meza.

Han sido incluidos además la Jefe de la Unidad de Abastecimiento, Jenny Alicia Quiroz Tucto; el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, William Henry Bances Meza; el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, Manuel Yampufe López y el Ex Jefe de la Oficina de Infraestructura y Obras, Ángel Níquen Inga.

Los delitos que figuran en la denuncia van desde concusión, colusión simple y agravada, malversación, peculado doloso y culposo, cohecho pasivo propio e impropio, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.

Acusación

Según la denuncia, desde el inicio de la gestión del Dr. Víctor Benjamín Carril Fernández “se ha identificado presuntos actos irregulares” como el caso de la Obra de “Mejoramiento de los Servicios  Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén – Módulo de Administración”, por el monto de S/. 15 295 699. 54 soles, accediendo a aprobar adicionales de obras y ampliaciones de plazo de manera irregular valiéndose de sustentos técnicos inoficiosos, generando perjuicio a la entidad.

En las aprobaciones de ampliación de plazos de la mencionada obra, se puede corroborar que se aprobó de manera irregular dos ampliaciones solicitados por el Consorcio Selva.

Por su parte, Abner M. Barzola, es acusado de aprovechar un viaje de pasantía a Brasil en 2019, pero valiéndose de su cargo de Vicepresidente fue acompañado por su esposa, cuyos gastos de viaje habrían sido asumidos por la entidad; en tanto que Wilder Gómez, en el cargo que desempeñaba habría autorizado de manera irregular el pago de las valorizaciones presentadas por Construk Selva en la obra “Mejoramiento de los Servicios  Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén”.

A su turno Jesús Reyna Tuesta, es acusada de no haber presentado ningún  informe desde el 2019, para demostrar el cumplimiento de sus labores; al Ing. Royler Yalta Meza, se le acusa de cometer presuntos actos irregulares, en relación a los requerimientos hechos por su área, requerimientos elaborados en bases a perfiles de proveedores de su entorno que vienen a ser personas de su entera confianza.

Jenny Alicia Quiroz, Jefa de la Unidad de Abastecimiento, es acusada de direccionar presuntamente las contrataciones, es decir direccionamiento en los procesos que se llevan a cabo en la Universidad Nacional de Jaén; William H. Bances Meza, es sindicado en la denuncia ante la fiscalía, por una contratación a un proveedor que elabora uniformes para el personal administrativo y que salieron defectuosos,

Y finalmente Manuel Yampufe, servidor público de confianza,  es quien otorga la conformidad y viabilidad de las presuntas irregularidades en los adicionales de obras y ampliaciones de plazo;  Ángel Niqué, al parecer emitió conformidad y viabilizó una serie de ampliaciones de plazos y adicionales de obra de manera irregular, generando un perjuicio a la Universidad de entre 8 y 11 millones.

Modus Operandi

La denuncia hecha ante la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, plantea como hipótesis  que la presunta organización está conformada en tres niveles, en primera línea con funcionarios públicos de la Comisión Organizadora, quienes serían los que otorgan la venia a los funcionarios de segundo nivel, para que operen y articulen, con los proveedores y deciden a quienes se otorgan la buena pro de los procesos de contrataciones propias de la entidad, por último los servidores de tercer nivel encargados presuntamente de ejecutar y beneficiar a los proveedores elegidos.

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