La Organización Nacional de Familiares Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 (ONAFAMYVM) convocó a una marcha de sacrificio que partirá desde San Vicente-Cañete el 25 de enero rumbo a Lima, donde ingresará el 28 del mismo mes, para exigir justicia, verdad y reparación por más de 50 peruanos asesinados durante las protestas contra el gobierno.
La movilización surge ante el estancamiento de las investigaciones fiscales, la falta de reparación a las familias afectadas y el abandono de más de 1,500 heridos, muchos con secuelas permanentes, según denunció la organización desde Juliaca, Puno.
El presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, Raúl Samillán Sanga, declaró: «Son tres años en búsqueda de justicia, pero lo único que han encontrado son obstáculos».
Demandas no negociables
La organización exige castigo para los responsables materiales y políticos sin blindajes ni amnistías, atención integral permanente para heridos y sobrevivientes, reparación digna para huérfanos y viudas, además del respeto a la independencia de fiscales y jueces.
Los deudos responsabilizaron directamente a Dina Boluarte, al expremier Alberto Otárola y a los ministros del gabinete de esconderse tras el poder mientras las familias cargan con las consecuencias de sus decisiones.
La marcha incluye conmemoración por el asesinato de Víctor Santisteban el 28 de enero y plantones frente a sedes fiscales para presionar la reactivación del Equipo Especial de Fiscales (EFICAVIP), recientemente desactivado.
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