La región Lambayeque se prepara para acudir a las urnas en el próximo balotaje descentralizado, donde Martín Perales Saavedra, de Somos Perú, y Rolando Barboza Díaz, de Fuerza Popular, disputarán la gobernación regional. Con el recuento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales por encima del noventa y nueve por ciento, la agrupación Somos Perú encabeza las preferencias con el 28.38%, mientras que Fuerza Popular alcanza el 18.67% de los votos emitidos. Este escenario deja en el camino a trece agrupaciones políticas y plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta de los finalistas ante las históricas demandas sociales y de infraestructura de la población.
En el análisis del proceso, especialistas en gestión pública señalan la persistente brecha en la representación de género dentro de la política regional. De quince agrupaciones que postularon al gobierno regional, únicamente dos listas contuvieron a mujeres en el primer despacho. Un patrón similar se replicó en las elecciones municipales de los treinta y ocho distritos lambayecanos, donde tan solo una mujer obtuvo la victoria en la jurisdicción de Pixi. Se atribuye esta baja presencia a la frustración del electorado ante desgastes en gestiones locales previas y a la falta de espacios de formación para cuadros políticos femeninos.
Los cuestionamientos a las trayectorias de los candidatos
El balance de la actual administración regional coloca un peso sustancial sobre la candidatura de Somos Perú. Las cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas revelan que el gobierno regional recibió más de 803 millones de soles para proyectos de inversión, pero solo ha ejecutado el 54.7% de ese presupuesto a pocas semanas de culminar el año. Esta lentitud en el gasto coloca a Lambayeque en el puesto veintiuno del ordenamiento nacional de ejecución de obras, un factor crítico considerando los retrocesos registrados en indicadores básicos de salud pública, como las coberturas de vacunación.
Por su parte, el candidato de Fuerza Popular presenta observaciones ligadas a su desempeño previo en la función municipal y a su trayectoria en el sector privado. Pese a centrar su discurso en la urgente necesidad de ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento en los sectores más vulnerables de la región, durante su periodo como alcalde del distrito de Tumán dejó paralizado por ocho años un proyecto integral de saneamiento básico. A esto se suma su condición de empresario de la construcción y contratista del propio Estado.
Las prioridades sociales de la región requieren una atención que trascienda la infraestructura de cemento para enfocarse en las brechas del primer nivel de atención de salud y la seguridad ciudadana. Analistas en desarrollo rural recuerdan que en el territorio conviven treinta comunidades campesinas que agrupan a más de setenta mil comuneros empadronados, un sector históricamente ignorado en la planificación de políticas públicas regionales. La inclusión de estos actores originarios resulta clave para la protección de acuíferos, la reforestación y la consolidación de la seguridad territorial.
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