La Unidad de Flagrancia en Arequipa cumple más de dos años de funcionamiento desde su creación en mayo de 2024. En ese tiempo ha resuelto entre 5.000 y 6.000 casos, consolidándose como un mecanismo de respuesta rápida frente a delitos comunes. Sin embargo, persisten limitaciones que afectan su capacidad operativa.
El Dr. Walter Marroquín Aranzamendi, juez coordinador de la Unidad de Flagrancia, explicó que cada juzgado de investigación preparatoria emite alrededor de 150 a 160 sentencias por año. Los juzgados unipersonales, en tanto, han dictado penas que van desde seis días de cárcel hasta 14 años por robo agravado. Según el magistrado, el sistema busca agilizar la justicia y evitar procesos largos.
Respuesta inmediata frente al delito
Las Unidades de Flagrancia son espacios creados para fortalecer la lucha contra la delincuencia mediante la integración, en una misma infraestructura, de los principales operadores del sistema de justicia. Allí confluyen el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Nacional del Perú, lo que permite una actuación articulada y eficiente frente al delito. Este modelo busca reducir tiempos y garantizar respuestas inmediatas.
Este sistema se caracteriza por resolver casos en flagrancia en plazos que no superan las 72 horas, respetando el debido proceso y las garantías constitucionales de las personas procesadas y de las víctimas. Los reportes estadísticos muestran que más del 90% de los casos ingresados se resuelven dentro de ese breve plazo. Ello evidencia que la coordinación interinstitucional y la vocación de servicio son pilares fundamentales para una justicia cercana al ciudadano.
Entre la eficiencia y la falta de recursos
Los delitos más frecuentes que ingresan a la unidad son hurtos, robos, falsificación de documentos y resistencia a la autoridad. En promedio, los casos se resuelven en menos de 48 horas cuando hay aceptación de cargos. En cambio, los procesos que llegan a juicio se definen en dos o tres semanas.
No obstante, cerca del 40% de procesos deben derivarse al fuero común por falta de laboratorios y peritajes oportunos. Marroquín detalló que pruebas como dosajes etílicos o levantamientos de secreto bancario no llegan a tiempo. Por ello, investigaciones de delitos más complejos terminan retrasándose y saturando otros juzgados.
En cuanto al personal, el juez coordinador reconoció que la unidad cuenta con siete magistrados y no presenta sobrecarga en ese aspecto. Sin embargo, enfatizó que faltan fiscales y policías para atender la demanda creciente. El magistrado remarcó que esta carencia limita la capacidad de respuesta de la Unidad de Flagrancia.
Finalmente, el magistrado sostuvo que con más recursos humanos y técnicos se podría reducir el porcentaje de casos derivados al sistema común. De esa manera, la Unidad de Flagrancia consolidaría su rol como mecanismo de respuesta rápida frente a la delincuencia. La advertencia refleja que, pese a los avances, aún existen limitaciones estructurales en la región.
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