A Zósimo Cárdenas Muje solo le quedan cuatro meses para terminar su mandato como gobernador regional de Junín y una de las obras que probablemente no terminará es la carretera a Pariahuanca, un proyecto que cuesta S/327.5 millones y que en tres años solo tiene un avance físico del 36 %.
Un retraso abismal, puesto que en mayo debió llegar a un 60 % de avance. Pero el retraso no es el único problema. Un informe de la Contraloría revela que cuatro tramos de la carretera no cuentan con disponibilidad efectiva de terrenos, pese a que el expediente técnico los consideró disponibles.
El caso más crítico comprende un tramo de 10.88 kilómetros, donde la obra está detenida por controversias sobre la propiedad de los terrenos. En este tramo no se realizan trabajos.
El problema no es menor. El contratista, la empresa China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú, advirtió que ingresar a terrenos cuya propiedad está en disputa podía exponer a su personal a denuncias penales por usurpación agravada y daños a la propiedad.
La Contraloría cuestionó además que el Gobierno Regional no haya acreditado mecanismos efectivos para resolver este conflicto y advirtió que la situación podría generar contingencias civiles, administrativas y penales.
Propietaria exige S/400 mil
Otro tramo enfrenta un problema similar. Entre los kilómetros 69+960 y 70+040, una propietaria impide el ingreso de la empresa contratista y exige una compensación de aproximadamente S/400 mil.
El terreno comprometido comprende unos 2,000 metros cuadrados de área agrícola, además de árboles de palto y lúcuma y un muro de contención.
Aunque existía un acta de compromiso de libre disponibilidad, la empresa no pudo ingresar. Este sector también permanece sin intervención.
Denuncia por usurpación
La carretera también tiene un conflicto que llegó a la vía penal. Entre los kilómetros 67+380 y 67+470, existe una denuncia por presunta usurpación agravada contra la empresa China Gezhouba y otros involucrados en la ejecución del proyecto.
El denunciante sostiene que maquinaria de la obra afectó 4,272.95 metros cuadrados de terreno agrícola, además de plantas y cercos.
El hecho denunciado ocurrió el 19 de mayo de 2024.
Aunque posteriormente se presentaron documentos de libre disponibilidad, estos no resuelven por sí solos las controversias sobre la propiedad de los terrenos.
Asfaltado sin de terminar el drenaje
El informe de Contraloría encontró además un problema directamente relacionado con la ejecución de la obra: la empresa colocó carpeta asfáltica antes de culminar las cunetas y otras obras de drenaje.
Este situación se da en tres sectores:
- km 8+320 al km 8+440;
- km 17+250 al km 17+780;
- km 18+880 al km 19+120.
Las especificaciones técnicas establecen que las obras de drenaje deben culminar antes de continuar con las siguientes etapas del pavimento. Sin embargo, la inspección encontró asfalto colocado mientras las cunetas permanecían inconclusas. Según la Contraloría, esta forma de ejecución puede permitir que el agua se infiltre hacia la estructura del pavimento y provoque pérdida de capacidad estructural, erosión, socavación de bordes y reducción de la vida útil de la carretera.
En otro tramo, en el kilómetro 19+000, los inspectores encontraron irregularidades, depresiones y desprendimientos puntuales en la base granular antes de la aplicación de la imprimación asfáltica.
¿Llegará antes de que termine la gestión?
La carretera comenzó a ejecutarse el 6 de abril de 2023, con un contrato de S/303.1 millones. El costo de inversión actualizado asciende a S/327.57 millones.
El proyecto contempla el asfaltado de 76.22 kilómetros, la construcción de cinco puentes y obras de drenaje.
La obra acumula además suspensiones y ampliaciones de plazo. La programación reestructurada fijó como nueva fecha de culminación el 9 de febrero de 2027.
Es decir, el nuevo plazo supera el final del mandato de Cárdenas, que concluye este 31 de diciembre.
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