La Contraloría General alertó que doce universidades públicas a nivel nacional pueden disponer de hasta de S/ 69 millones 971 mil 538 para garantizar la continuidad del servicio educativo durante la pandemia por COVID-19, sin embargo, no realizaron las modificaciones presupuestales para poder utilizar dichos recursos.
Cuatro meses después de que el gobierno emitiera el Decreto de Urgencia N° 053-2020, las autoridades universitarias no se han acogido a esta norma, la cual autoriza a las universidades públicas, previa modificación presupuestaria, reorientar sus recursos para para financiar su operatividad y funcionamiento mediante la adquisición de bienes y/o servicios, por ejemplo, en mejorar su conectividad, equipos informáticos, tecnologías de la información u otros que resulten necesarios para garantizar la prestación del servicio educativo no presencial.
Durante los servicios de control simultáneo realizados del 10 de agosto al 7 de setiembre del 2020, las comisiones de control verificaron que universidades públicas ubicadas en Lima, Arequipa, Callao, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Áncash, Ayacucho, Madre de Dios, Huánuco y Cusco no implementaron medida presupuestaria alguna para asegurar el funcionamiento del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas ante el riesgo de propagación del Covid-19.
Según los informes de control revisados, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos puede utilizar hasta S/ 29 344 667 de su presupuesto y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa podría emplear hasta S/ 14 604 796 para financiar su operatividad y funcionamiento durante el año fiscal 2020, pero no modificaron su presupuesto para poder disponer de estos recursos. Similar situación se observó en otros centros de estudios de educación superior como se observa en el siguiente cuadro.
La Contraloría General comunicó a los rectores de las doce universidades los hechos advertidos durante los servicios de control simultáneo a fin de que implementen las medidas correctivas orientadas a asegurar la continuidad del servicio educativo durante la pandemia por Covid-19. Los órganos de control institucional (OCI) se encargarán de realizar un seguimiento al Plan de Acción presentado por las respectivas autoridades educativas.
Nota de prensa
