El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, criticó las investigaciones abiertas contra la presidenta Dina Boluarte y aseguró que es víctima de una persecución judicial. Además, señaló que deben tomarse “acciones judiciales” contra los fiscales y agentes de la PNP que participaron en el allanamiento a la vivienda de la mandataria, así como al juez que lo autorizó al considerarlo un “atropello”.
Minutos antes de la medianoche del Viernes Santo, fiscales del Eficcop en colaboración con agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) ingresaban a la vivienda de la presidenta, tumbando la puerta con un “torito”. Al día siguiente, esa imagen dio la vuelta al mundo. El fin de la diligencia era reunir evidencias e información del escandaloso caso Rolex. Para Adrianzén, este procedimiento fue “imperdonable” y lanzó una fuerte advertencia contra quienes participaron en su desarrollo.
“La inmerecida, injustificada, ilegal y abusiva acción que se adoptó en contra de su domicilio es imperdonable, se trata de la vivienda de la presidenta. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo y eso yo lo repruebo y contra esas personas se deberían tomar acciones judiciales, porque ha sido un atropello. Yo no intimido a nadie, no es que [fiscales y policías] hicieron su trabajo. Primero hay que ver quién lo pidió y bajo qué circunstancias lo pidieron”, indicó en una entrevista en RPP.
El titular de la PCM, mantuvo el mismo discurso que el día que se llevó a cabo dicho operativo y cuestionó el proceder de los fiscales y del desactivado equipo de la Diviac. Asimismo, consideró que el sistema judicial hace diferencias en los casos en los que está involucrada la mandataria, en comparación con otros investigados.
“La señora presidenta viene siendo víctima de una persecución judicial que, en mi opinión, no hace más que marcar diferencias y esas tienen que ver con la manera cómo se ha tratado a la mandataria y respecto de otros casos que son significativamente diferentes”, agregó.
Hay que recordar que Harvey Colchado, quien lideró el operativo y era jefe de la Diviac, fue pasado al retiro y el equipo especial de la PNP que dirigía fue desactivado, Por otra parte, Marita Barreto, la fiscal coordinadora del Eficcop, está suspendida y los integrantes de su equipo pasaron ser parte de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Fuente: Infobae
