En el marco de las elecciones generales de 2026, Perú enfrenta un escenario político marcado por la inestabilidad institucional y el debilitamiento del liderazgo presidencial y parlamentario. En este contexto, expertos consultados por Mongabay Latam advierten que los problemas ambientales se han profundizado mientras pierden centralidad en el debate electoral. La minería ilegal, el narcotráfico, la deforestación y las amenazas a los pueblos indígenas se han intensificado, poniendo en riesgo ecosistemas, derechos humanos y la gobernanza ambiental.
El primer gran desafío es la minería ilegal, que continúa expandiéndose con el riesgo de que el Congreso amplíe el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), prolongando la informalidad y los impactos ambientales y sociales. Especialistas alertan sobre señales políticas que toleran o incluso legitiman esta actividad en el contexto electoral.
El narcotráfico constituye el segundo reto, estrechamente vinculado a la deforestación amazónica y a la violencia contra comunidades y defensores ambientales. Según datos oficiales de Devida, más de 89 000 hectáreas de coca ilegal afectan áreas protegidas y comunidades indígenas, lo que incrementa la inseguridad territorial.
En tercer lugar, el crimen organizado articula estas economías ilícitas. Los expertos subrayan la necesidad de una estrategia estatal más sólida basada en inteligencia financiera, presencia efectiva del Estado y fortalecimiento de alternativas económicas legales, con énfasis en la gobernanza territorial comunitaria e indígena.
La deforestación representa el cuarto desafío, especialmente ante la entrada en vigencia de la Ley de Cero Deforestación de la Unión Europea en 2026. La exigencia de transparencia y trazabilidad en las cadenas productivas contrasta con cambios recientes en la legislación forestal peruana, cuestionados por debilitar estos principios.
El quinto eje se centra en los pueblos indígenas, que demandan un marco jurídico que reconozca sus autonomías, el autogobierno y la protección efectiva de sus territorios. Organizaciones indígenas insisten en que el próximo gobierno adopte una agenda ambiental y de derechos indígenas concreta, participativa y vinculante.
La situación de los defensores ambientales constituye el sexto desafío. Aunque los asesinatos han disminuido en comparación con años anteriores, las amenazas persisten y la respuesta estatal sigue siendo insuficiente, lo que evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección.
Finalmente, el séptimo desafío son los compromisos ambientales internacionales. Perú aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú ni el Acuerdo de Alta Mar, ambos pendientes en el Congreso, a pesar de su relevancia para la protección ambiental, la transparencia y el acceso a la justicia.
En conjunto, estos siete desafíos configuran una agenda ambiental urgente que debería ocupar un lugar central en el debate político de 2026, en un país donde la crisis política ha permitido el avance de actividades ilegales y la erosión de las políticas de protección ambiental.
Fuente: Yvette Sierra Praeli, Mongabay Latam.
