La Federación Distrital de Rondas Campesinas de Colasay, en la provincia de Jaén, presentó un documento formal ante la municipalidad distrital solicitando la fiscalización urgente de los centros de faenado y expendio de carne, debido a presuntas irregularidades que pondrían en riesgo la salud pública.
El docuemento, dirigido específicamente al alcalde distrital Rodolfo Neiser Villanueva Díaz, advierte sobre la ausencia de control sanitario y supervisión profesional en los procesos de sacrificio de animales destinados al consumo humano en el distrito.
Según se lee en el documento, los ronderos señalan que actualmente no existiría la presencia de un médico veterinario colegiado que supervise el proceso de faenado, lo cual contravendría lo establecido en la normativa sanitaria vigente, entre ellas la Ley N.° 27265 de Protección y Bienestar Animal y el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales (D.S. N.° 015-2012-AG).
Asimismo, alertan que el faenado en condiciones insalubres podría causar enfermedades zoonóticas, como la cisticercosis o hidatidosis, lo que representaría un riesgo directo para quienes consumidores.
Cabe señalar que en el documento también cuestionan la falta de compromiso institucional, precisando que hasta el momento no se habría gestionado la contratación de personal especializado ni la implementación de infraestructura adecuada para garantizar la inocuidad de los productos cárnicos.
Ante esta situación, las rondas campesinas solicitaron a la municipalidad tres acciones inmediatas como: Operativos de fiscalización en puntos de sacrif¡cio clandestinos y centros de expendio de carne, la contratación permanente de un médico veterinario que certifique la calidad sanitaria de los productos y la gestión para la construcción o adecuación de un camal municipal que cumpla con las normas establecidas por el SENASA.
Finalmente, los firmantes advirtieron que, de persistir la presunta omisión de funciones por parte de las autoridades, elevarán la denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, por el presunto del¡to de omisión o demora de actos funcionales.



