La decisión del senador por Arequipa, Nilson Flores, de votar a favor de otorgar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori, no fue un gesto aislado ni una sorpresa para quienes siguen su trayectoria. El legislador del Partido del Buen Gobierno respaldó la iniciativa que permitirá al régimen legislar durante 90 días. Esto, a pesar de que el líder de su agrupación, Jorge Nieto, había expresado su resistencia a la amplitud de esas atribuciones.
La aprobación se concretó el 21 de octubre con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones. El alcance de las facultades aprobadas va más allá de la seguridad ciudadana y la emergencia por el Fenómeno del Niño. El Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos sobre 27 puntos. Según analistas del IDEHPUCP y sectores opositores, funciona como un «caballo de Troya» para introducir normas sin el debate parlamentario directo que exige la Constitución.
Entre los puntos más sensibles, la norma permitiría el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Esto, sin los mecanismos de control o contrapeso adecuados, lo que genera preocupación sobre el uso de información sensible en un contexto de emergencia. El otro flanco del riesgo apunta a los derechos y al medio ambiente. Existe el temor de que, aprovechando el paquete legislativo de emergencia, se filtren modificaciones a normas laborales, ambientales y de consulta previa a los pueblos indígenas, materias que no formaban parte del debate original sobre seguridad y prevención de desastres.
Nilson Flores y su corazón fujimorista
Para entender por qué Flores tomó distancia de la línea partidaria, conviene retroceder a abril de 2016. En aquel entonces, el abogado arequipeño buscaba un escaño en el Congreso por Fuerza Popular y dio una entrevista a El Búho en la que expuso con claridad su relación con el fujimorismo y su arraigo en el mundo de la pequeña minería. «Nunca he participado jamás como Nilsson Flores. Mi gremio hace un acuerdo nacional y nombra a sus representantes», explicó en esa conversación. Flores se definía como asesor y consultor dedicado a la formalización, y rechazaba las acusaciones de ser promotor de la minería ilegal. Su vínculo con Fuerza Popular, según dijo, se selló porque ese partido incluyó en su plan de gobierno las demandas sociales de los gremios mineros. «Es el único partido que tiene en su plan de gobierno, nuestras demandas sociales», afirmó.
En aquella entrevista, Nilson Flores expuso su opinión sobre el proceso de formalización de mineros informales: «(Sobre interdicciones de Alto Comisionado) Yo le dije que no tenía las cosas claras, que el proceso de formalización era un fracaso, que no era técnico», recordó en esa entrevista. Ese episodio, contado por él mismo, explica en parte su afinidad con un proyecto político que prometía un trato distinto para su sector.
Hoy, esa historia vuelve a cobrar relevancia. El background del senador por Arequipa confirma que su base electoral y gremial está en la minería artesanal. Fue asesor de la Federación de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales de Arequipa (Femar), que agrupa a trabajadores de Secocha, en Camaná, y Chala, en Caravelí. También asesoró a los mineros de Río Grande, en Condesuyos, una zona donde en 2022, enfrentamientos entre grupos informales dejaron tres muertos por un ataque con explosivos.
¿Favores con favores, con Keiko Fujimori?
Ese vínculo con la minería informal es el telón de fondo del debate sobre la nueva Ley MAPE que impulsa el Gobierno de Keiko Fujimori. El proyecto, presentado al Congreso el 19 de octubre de 2026, busca reemplazar el Reinfo, cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2026. La propuesta contempla un régimen transitorio para quienes sigan inscritos en el Reinfo, con el fin de que completen su formalización.
Ese régimen se extendería hasta junio de 2028. Además, el proyecto introduce controles como una entidad especializada (Formape), trazabilidad del mineral y certificaciones ambientales, pero también mantiene una vía para operadores que aún no culminaron su formalización. Especialistas como Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, han cuestionado el plazo gradual para reducir el uso del mercurio, aunque su uso está prohibido años antes. En declaraciones a Gestión: dar un “Reinfo para el mercurio” es “sacarle la vuelta” a la norma. El abogado Miguel Soto advirtió que el régimen podría convertirse en una prórroga encubierta del Reinfo. Son observaciones que, en conjunto, dejan abierta la pregunta de si la transición servirá para formalizar o para prolongar la informalidad.
La relación entre el voto de Flores, su origen minero y esta ley es un hilo que se puede inferir. Lo cierto es que el senador por Arequipa proviene de un sector que ahora observa con atención las facultades que el Congreso le ha otorgado al Gobierno. Su respaldo a la medida, en contra de la directriz de su partido, sugiere que su lealtad hacia el fujimorismo y hacia las demandas de los mineros informales sigue pesando más que la disciplina interna y partidaria.
La historia de su entrevista de 2016, cuando se definía como representante de gremios y no como político de carrera, ayuda a comprender por qué, una década después, su voto en el Senado vuelve a colocarlo en el centro de una decisión que afecta directamente a su región.
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