El Cuarto Juzgado de Puno autorizó allanamientos parciales contra la red criminal «Los Mandachitos de la Corrupción» de un total de 23 inmuebles físicos solo se allanaron 6 domicilios específicos y 5 oficinas administrativas, integrada por 15 funcionarios municipales y policiales investigados por anular papeletas M1, M2 y M3 a cambio de coimas, el 20 de marzo de 2026.
La jueza María Candelaria Morales Segura rechazó allanar el domicilio del alcalde Javier Ponce Roque y del regidor Jonathan Cristian Guerra Monzón, argumentando que la fiscalía no presentó indicios concretos que vinculen sus viviendas con evidencia delictiva, según la Resolución N°04.
Sin embargo, la tesis fiscal sostenía que precisamente esos allanamientos permitirían encontrar posibles indicios del dinero recibido, documentos y nexos entre los miembros de la red, pruebas que tras esta decisión de la jueza difícilmente podrán recuperarse.
La jueza Morales Segura también rechazó allanar los domicilios de cuatro efectivos de la UTSEVI —Eva Mamani Choque, Alan Murillo Laura, María Salazar Linares y Kevin Cuevas Romero— porque la fiscalía no acreditó que guardaran evidencia en sus viviendas, solo en la vía pública donde operaban.
Precisamente en esa vía pública, según el Oficio N°688-2025-MP-DFP-1FPPD-PUNO, los efectivos policiales adulteraban el contenido de las papeletas graves, coordinando con inspectores municipales para reemplazarlas por infracciones menores que permitían liberar vehículos pagando desde S/.72.80, cuando debían abonar hasta S/.8,025.
Esos inspectores municipales que firmaban las actas adulteradas, como «Javier Álvarez Contreras», «Jhonatan Velasquez Mamani» y «Carlos Pari Alco», no existían en la base de datos de RENIEC, revelando una falsificación documental sistemática, según el mismo oficio.
Así, los más de 220 conductores sancionados entre 2023 y 2025 nunca vieron ejecutadas sus multas, pese a infracciones gravísimas como conducir con hasta 2.13 g/l de alcohol en sangre, más de cuatro veces el límite legal permitido en el Perú de 0.5 g/l, incluyendo casos con víctimas fatales y lesiones a menores de edad, según informes policiales.
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