El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictó 18 meses de impedimento de salida del país para el expresidente Martín Vizcarra por las investigaciones en su contra en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La medida se aplicará hasta el 12 de mayo de 2022.
Minutos antes del inicio de la audiencia, el abogado defensor del exmandatario Fernando Ugaz presentó un escrito para informar que Vizcarra se allanaba a la medida a fin de seguir una línea de conducta “no obstruccionista”. Al expresidente se le imputan los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.
La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho declaró que los elementos de convicción para el pedido realizado por el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, quedaron debidamente sustentados. Indicó que existe el peligro de fuga al considerar que el expresidente “tiene ingresos suficientes para abandonar el país”.
Durante su exposición, el fiscal Juárez recordó que Martin Vizcarra fue citado para brindar su manifestación el 3 de noviembre, pero “en una actitud de rebeldía no lo hizo y recién se apersona cuando ha sido vacado”.
También acotó que, en aquella oportunidad, el expresidente “no designó abogado ni tampoco dijo dónde debía tomársele la manifestación”.
En tanto, el abogado Fernando Ugaz, defensa del exmandatario, explicó que Martín Vizcarra no respondió a la citación porque había dos fiscalías “que se estaban discutiendo la competencia” para investigar el caso, en alusión al despacho del fiscal anticorrupción Elmer Chirre y de Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato.
Además, cuestionó que se pida tal medida coercitiva solo por no haber asistido a una citación. Según indicó, luego de que Vizcarra dejara la presidencia, en su “primer día como ciudadano”, presentó sus pasaportes biométrico y diplomático.
Según la tesis fiscal, Vizcarra habría recibido un soborno de S/1′000.000 a cambio de la adjudicación de la buena pro del proyecto Lomas de Ilo al consorcio Obrainsa-Astaldi cuando era gobernador regional de Moquegua.
Además, según aspirantes a colaboradores eficaces, el vacado exmandatario también habría recibido pagos ilícitos por un total de S/1′300.000 por la obra del Hospita de Moquegua, adjudicada al consorcio ICCGSA-Incot.
Redacción El Comercio
