El secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de su agente de seguridad, Luis Alberto Rojas, han abierto una nueva arista en Pataz: los vínculos entre personas cercanas a la familia del empresario minero y empresas que obtuvieron contratos con el Estado. La dimensión política del caso alcanza a Aldo Carlos Mariños, actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad por Somos Perú, cuya gestión como autoridad distrital aparece relacionada con una de las contrataciones cuestionadas.
La relación quedó expuesta en un reciente reportaje de Cuarto Poder, que puso bajo la lupa una serie de contrataciones públicas vinculadas con integrantes del entorno familiar de Tantaquilla. Uno de los casos corresponde al Consorcio Supervisor Allauca, cuyo representante legal era Luis Alberto Rojas (uno de los cuatro ciudadanos victimados durante el secuestro) quien además trabajaba como agente de seguridad de Jenss Lara. El consorcio obtuvo una consultoría de obra por S/354 mil en Tayabamba durante la gestión de Mariños.
El reportaje también identificó que empresas vinculadas a integrantes de la familia materna de Jenss Lara acumularon contratos con el Estado por más de S/11 millones. Entre ellas figura Constructora Ohana S.A.C., relacionada con Luis Steven Campos Tantaquilla y Yimi Gerardo Rojas Tantaquilla, que habría obtenido contratos por aproximadamente S/3.7 millones en el municipio de Chillia.
La coincidencia entre los vínculos familiares, las empresas y las contrataciones ha generado interrogantes sobre cómo se desarrollaron los procesos de selección. Especialistas citados por la investigación periodística plantearon que corresponde revisar si existieron posibles direccionamientos o simulaciones en las licitaciones. Esto, sin embargo, no significa que los involucrados hayan cometido delitos, por lo que corresponde determinar responsabilidades con evidencia y dentro de las investigaciones respectivas.
Mariños, quien ahora busca llegar al Gobierno Regional de La Libertad con Somos Perú, negó haber tenido conocimiento directo de las contrataciones otorgadas a personas vinculadas al entorno del empresario minero. El caso, no obstante, deja una pregunta que deberá ser esclarecida: ¿cómo se concretaron estas contrataciones durante su gestión y qué nivel de conocimiento tuvieron las autoridades sobre los vínculos de los beneficiarios?
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