Un informe de la Contraloría General de la República, remitido al presidente del directorio de Sedapar S.A. en Arequipa, reveló una serie de irregularidades en la contratación del servicio de acopio, acarreo y acondicionamiento de despojos no riesgosos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Escalerilla.
Según el documento, funcionarios del Departamento de Logística habrían regularizado órdenes de servicio para favorecer a un único proveedor, Inversiones Merma S.A.C. Este ejecutó trabajos sin contar previamente con orden de servicio ni certificación presupuestal.
El Informe de Acción de Oficio Posterior N° 024-2026-2-0263, con fecha 21 de octubre de 2026, detalla que la situación se originó por la falta de transferencia de información entre el auxiliar saliente Jimmy Richard Arostegui Castelo y el entrante Elmer Joao Arenas Herrera. Este último reportó en marzo de 2026 que existían órdenes de servicio sin firma ni notificación, correspondientes a los requerimientos 2025005225 y 2026000301, ambos destinados a garantizar la continuidad del servicio en la PTAR.
Servicios ejecutados antes de la formalización contractual
Uno de los casos más relevantes se relaciona con el requerimiento 2025005225, emitido en octubre de 2025 por un plazo de 151 días. Se generaron cinco órdenes de servicio entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, cada una por S/ 5 mil 187. La última de ellas (la N° 2026000879) incluyó un informe que evidenciaba que el recojo de residuos se había realizado los días 5, 6 y 10 de diciembre de 2025. Es decir, antes de que la orden fuera preparada y aprobada.
La conformidad de servicio se emitió el 14 de mayo de 2026, casi cinco meses después de la ejecución. Se incumplió el plazo máximo de siete días establecido en el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
Un patrón similar se identificó en el requerimiento 2026000301, formulado en enero de 2026 por 95 días calendario. La orden de servicio N° 2026000380, emitida el 6 de marzo de 2026, adjuntó un informe de febrero señalando que el servicio se realizó los días 14 y 16 de ese mes, cuando aún no existía certificación presupuestal. La conformidad se suscribió el 16 de marzo, aproximadamente un mes después de la ejecución. En tanto, la orden N° 2026001167, del 16 de junio de 2026, documentó un servicio realizado el 15 de junio, un día antes de su emisión, y la conformidad se otorgó el 3 de julio.
Riesgos para la transparencia y la competencia
El informe señala que las órdenes de servicio constituían el documento mediante el cual se perfeccionaba la relación contractual entre Sedapar y el proveedor. Al ejecutarse las prestaciones antes de su emisión, se impidió que otros potenciales proveedores pudieran participar. Además, que la entidad obtuviera mejores condiciones económicas, afectando los principios de transparencia, eficiencia y competencia que rigen la contratación pública.
La Contraloría concluyó que existió irregularidades que afectaron la legalidad de las contrataciones. Por ello, recomendó al titular de la entidad adoptar las acciones necesarias para superar la situación y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades. El oficio de notificación, firmado por la jefa del Órgano de Control Institucional, Gloria Esquivel Gonzales de Delgado, solicita además un Plan de Acción en un plazo máximo de veinte días hábiles.
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