A ambos se les impuso 4 años de pena privativa de libertad suspendida. Asimismo, si bien declararon que el delito de lesiones a la fecha había prescrito, impusieron la reparación civil correspondiente a favor de 14 heridos por arma de fuego.
«La sentencia deja sentado tajantemente que el comando general y el operativo, ante un resultado adverso, debe prevenir cualquier contingencia, pero sobre todo debe evitar poner en riesgo bienes jurídicos de terceros como es la protección de la vida, la salud y la integridad», explicó Segundo Herrera Mejía, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y defensa legal de todas las víctimas.
14 años a la espera
Luego de tanto tiempo de espera, las víctimas encuentran una luz de justicia. Además de la condena contra los dos generales, el fallo ordena abrir un proceso penal contra Mercedes Cabanillas Bustamante, exministra del Interior del gobierno de Alan García, y el general PNP Bernabé Garavito Berrocal, exjefe de operaciones de la Policía, por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger a la población durante la protesta.
Bajo los estándares del derecho internacional y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dos generales de la Policía sentenciados y el Estado peruano, declarado como tercero civilmente responsable del caso, deberán pagar juntos una reparación civil de más de un millón de soles por los ocho fallecidos y 14 heridos durante las protestas, en montos que van entre los 25 mil hasta los 130 mil soles.
«La sentencia emitida, aún consideramos benevolente en la imposición de la pena, consideramos que abre un debate jurídico muy importante en cuanto a la posición de garante que tiene el Estado frente a diferentes casos de protesta social, donde la población civil resulta herida o fallecida», explicó el abogado del CAAAP, Segundo Herrera Mejía.
Con información del CAAAP
