Ayacucho se encamina a cerrar el 2025 con 29 homicidios, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), una cifra que casi duplica los 14 casos registrados en 2023 y evidencia un preocupante incremento de la violencia en la región, tanto en zonas urbanas como en el Vraem.
Durante el año se registraron asesinatos vinculados a ajustes de cuentas, tráfico ilícito de drogas y violencia extrema. Entre los casos recientes figura el homicidio de Clinin Tapia Quispe, ocurrido en una vía rural, así como el secuestro y asesinato del empresario Edwin Lagos en Pichari, hechos que reflejan la expansión de la criminalidad en distintos territorios.
También se reportaron crímenes de violencia familiar y de género, como los casos de René Gastelú García y María Rodríguez Velásquez, cuyos asesinatos fueron confesados por sus parejas. A ello se suman investigaciones estancadas, como el asesinato de Rita Miguel Cervan, ocurrido en abril, que hasta hoy no presenta avances significativos. La lista incluye además asesinatos de jóvenes, profesionales y estudiantes, algunos de ellos con alto impacto social. Para familiares y ciudadanos, estas cifras no son solo estadísticas, sino evidencias de una grave crisis de seguridad que exige una respuesta urgente e integral del Estado para frenar la escalada de violencia en Ayacucho.
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