De acuerdo al pueblo indígena, esta empresa buscaría realizar actividades de minería aurífera, prometiendo una posterior reforestación que, según las comunidades, es incompatible con la defensa y estabilidad de sus tierras ancestrales, ubicadas en el departamento de Amazonas, específicamente en la provincia de Condorcanqui.
En una carta al Gobierno de Dina Boluarte, el GTANW destacó que la minería de oro no solo amenaza el ambiente al invadir cuerpos de agua y humedales, sino que también podría causar caos social, similar al de ‘La Pampa’ en Madre de Dios, donde promesas de actividades ‘inofensivas’ resultaron ser muy riesgosas.
Ante ello, el pueblo indígena exige el cese inmediato de cualquier intento de negociación por parte del Gobierno o actividad minera en su territorio.
“El día 21 de agosto del presente año, hemos sido sorprendidos por el ingreso a nuestro territorio, por parte de los señores Zhao Ya y Zhitong Xia supuestos representantes de la empresa estatal China Guangxi Lianjinxin Invesment Co. Ltd quienes desean hacer minería aurífera terrestre que luego reforestarían. Esto es un gran peligro, porque la extracción terrestre se multiplica e invade cuerpos de agua (humedales, riberas, quebradas) y trae destrucción ambiental y caos social, tal como sucede en el infierno minero en Madre de Dios”, expresaron en la carta.
En ese sentido, las comunidades demandan al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Javier González-Olaechea, y otras entidades —como la embajada china en Perú— respetar su derecho a decidir y controlar su propio desarrollo, basado en una economía sostenible que proteja sus bosques y ríos.
Asimismo, exigen que se reconozca el Convenio 169 de la OIT —tratado internacional adoptado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—, la Constitución Política del Perú, y otros tratados internacionales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas a su libredeterminación y autonomía.
En la misma línea, solicitan al Ministerio de Energía y Minas, al Gobierno Regional de Amazonas y al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) que se abstengan de tramitar concesiones mineras en su territorio, sin considerar las decisiones y derechos de la Nación Wampís.
Y, demandan a la Defensoría del Pueblo y al Congreso de la República que intervengan para garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales.
Por otro lado, en su pronunciamiento, el GTANW recordó al Gobierno las constantes incursiones de actividades ilegales en su territorio, como la minería, actividad que ha dejado graves heridas en sus tierras ancestrales.
Solo en febrero de este año, los wampís denunciaron la invasión masiva de mineros ilegales en su territorio, donde, aseguraron, unos 50 individuos armados provenientes de Colombia, Venezuela y Brasil causaron temor y bloquearon el libre tránsito de las comunidades.
Tras esta denuncia, las autoridades indígenas incautaron más de 25 dragas y otros equipos de minería ilegal, y detuvieron varios operadores dedicados a la actividad ilícita, temiendo represalias.
Asimismo, los wampís han alertado que esta economía ilegal ha intensificado el hostigamiento, amenazas y abusos sexuales contra sus comunidades. De acuerdo a sus testimonios, a pesar de las intervenciones del Ejército y la Policía, la actividad minera ilegal continúa expandiéndose y causando graves daños ambientales, como la deforestación de más de 40 hectáreas de sus bosques.
Por ello, reafirman su compromiso de defender sus derechos territoriales mediante un sistema de autocontrol y vigilancia comunitaria, y, al mismo tiempo, demandan una respuesta inmediata a las autoridades para evitar mayores daños y garantizar la paz y la integridad de su territorio.
Infobae