A través de una audiencia virtual, el juez anticorrupción Carlos Larios Manay dictó pena efectiva contra Roger Eduardo Ganoza Florián, Alan Paúl Alcalde Chumán y Luis Alberto Guevara Dávila, quienes también deben cancelar una reparación civil de S/ 77.374 de forma solidaria debido al perjuicio económico de S/ 27.374 que ocasionaron al Estado en 2016, conforme lo detectó la Contraloría General de la República.
El magistrado tomó dicha decisión tras la exposición de los fundamentos de la autoridad fiscal que consideró el Informe n.° 183-2016, el cual evidenció que los exservidores de la entidad otorgaron la buena pro para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el local académico y administrativo de la Universidad Nacional de Jaén a un postor que, en su propuesta técnica, incumplió con los requerimientos mínimos y su oferta económica superaba el límite superior del valor referencial sin IGV.
El equipo de control también precisó que la empresa ganadora de la Adjudicación Directa n.° 01-2014 presentó su oferta económica con IGV pese a que, en su declaración jurada, señaló que gozaba de la exoneración de este impuesto previsto en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía que abarca zonas de ceja de selva, entre ellas la provincia de Jaén. En esa línea, la Contraloría sostuvo que correspondía declarar desierto el proceso al no haber una propuesta válida.
Incluso, la Contraloría determinó que los exfuncionarios seleccionaron al postor que carecía de disponibilidad presupuestal, lo que —afirmó— perjudicó los intereses de la Universidad Nacional de Jaén.
Redacción La República
