Según la resolución a la que accedió La República, la Fiscalía solicita 18 años de pena privativa de la libertad para Carlos Alfonso Martínez Solano por los delitos de asociación ilícita y peculado doloso por apropiación.
En la acusación, además, están comprendidos José Manuel Larraín Tello (exjefe de Liquidación de Obras), para quien la fiscalía pide 20 años de cárcel por los delitos de lavado de activos y peculado; y Álvaro Leoncio Cabrera Pastor (exgerente de Acondicionamiento Territorial e Infraestructura Urbana), para quien se pide 17 años y 6 meses.
Los hechos investigados por el fiscal Guevara Gilarmas corresponden a la gestión de Carlos Martínez Solano en la Municipalidad Provincial de San Ignacio (MPSI), en el período 2011-2014. Su administración se caracterizó porque varios de los funcionarios públicos que designó en sus anteriores gestiones permanecieron en el cargo.
Martínez Solano fue burgomaestre de San Ignacio por un período de 15 años, desde el 2000 hasta el 2014. El magistrado José Guevara indicó que los investigados simularon la necesidad de liquidar diversas obras por administración directa, con el propósito de apropiarse de los caudales de la comuna provincial.
Dichas obras —de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, entre otros— que supuestamente se requerían liquidar presentaban irregularidades, pues su liquidación debía realizarse en un plazo de 30 días luego de concluida la misma, para que se reciba y se realice la liquidación técnica financiera.
También están acusados Wilfredo Romero Córdova (exjefe de Logística), Roel Aldana Picón (exjefe de Tesorería), Luis Ancajima Sosa y Javier Ramos Lamadrid, para quienes se pide 16 años de cárcel. A las dos últimas personas se les imputa haber simulado la celebración de varios contratos de servicios de elaboración de planos de replanteo y levantamiento topográfico por diferentes montos, entre los años 2011 y 2014.
Entre los implicados también están José Carlos Zeña Sono, Manuel Ilatoma Gálvez, Juan Nanfuñay Gutiérrez y Daniel Pisfil Símpalo, por haber contribuido a la apropiación ilícita de los caudales del municipio que realizó el entonces alcalde Carlos Martínez. Para ellos se pide 15 años de prisión y 4 años de inhabilitación.
Del mismo modo figuran Juan Reyes Calderón y José Manuel Larraín Lozano, quienes afrontan un pedido de 10 y 16 años de cárcel, respectivamente.
Para los investigados, el Ministerio Público plantea entre 8 y 10 años de inhabilitación para ejercer el cargo público. Además, deberán pagar una reparación civil de S/ 8 062 000.
Redacción La República
