Así se desprende de la disposición de inicio de diligencias preliminares emitida por la fiscal Ana María Santiago Jiménez, titular de la citada quinta fiscalía corporativa penal.
Esta decisión es adoptada a partir de la denuncia formulada por el abogado José Luis Saavedra Barrantes y Pavel Gabriel Tapia Romero, este último militante del partido Perú Libre.
Los actos ilícitos atribuidos a Fujimori y Takayama, y que serán materia de investigación, son tres: delito contra el derecho de sufragio, en la modalidad de perturbación e impedimento del proceso judicial, delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal, y delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, en agravio del Estado peruano y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Los denunciantes basan la denuncia en los recursos de apelación tramitados por Fuerza Popular, con el fin de anular los votos en las jurisdicciones de zonas rurales, donde Keiko Fujimori tuvo un bajísimo respaldo en la segunda vuelta.
Un aspecto que tendrá investigar la Fiscalía tiene que ver con los 27 comprobantes de pago presentados en simultáneo por Fuerza Popular para tramitar distintos expedientes.
Estos comprobantes habrían sido presentados en Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ayacucho, Moquegua, Pasco, Madre de Dios, Cusco, Áncash, Amazonas y Lima.
Por esta razón, la fiscal Santiago Jiménez decidió investigar únicamente el caso producido en Lima, por competencia territorial. Pero remitirá la denuncia a las fiscalías de las otras jurisdicciones para que también actúen de acuerdo a sus competencias.
En la disposición emitida el pasado 1 de julio, la fiscal dispone citar a Keiko Fujimori para que rinda su manifestación el día 23 de julio, a las 2.30 p. m. En tanto, la personera Milagros Takayama haría lo propio el mismo día a las 3.30 p. m.
Con información de La República
