El recurso de apelación, señala que el juez no ha motivado la necesidad de la medida de incautación y desposesión de los bienes; y, además, que desde marzo del 2021 existe una prohibición judicial inscrita en Registros Públicos para transferir la propiedad de los bienes, por lo que no es necesaria una medida más grave.
Asimismo, señala que no se han individualizado los elementos de convicción que sustentan la necesidad de una incautación y que demuestren un peligro inminente de que los bienes vayan a desaparecer.
Por último, indica que la medida se ejecutó cuando la orden judicial ya se encontraba vencida, pues el juez le dio dos semanas al fiscal especializado en lavado de activos Wilson Salazar para ejecutar la resolución judicial y proceder a incautar los bienes.
Al respecto, precisa que la resolución judicial de incautación y desposesión se emitió el 14 de marzo del presente año y que en ella el juez precisó que el fiscal disponía de dos semanas para cumplir dicha medida o esta vencería. Sin embargo, para evitar la caducidad, el fiscal habría pedido una aclaración, que fue resuelta, dice, cuando la decisión ya había finalizado.
En Sala de Apelaciones
La apelación, firmada por el abogado José Luis Castillo Alva, será revisada por el juez que concedió la medida de incautación y desposesión de los bienes. Si el escrito cumple con las formalidades legales, el expediente subirá a la Sala Nacional de Apelaciones para que examine el caso y tome una decisión. Si la resolución se confirma, la incautación continuará. En caso contrario, los bienes retornan al dominio de Joaquín Ramírez.
Redacción La República
