También se propone que, fruto de ese trabajo, puedan asegurar el pago de reparaciones civiles a los agraviados de sus delitos; sostener a sus familias; obtener ahorros para generar emprendimientos para cuando retomen la libertad; y aliviar el costo que supone su manutención al Estado.
Esta norma alcanzaría a quienes ya se encuentran sentenciados, aclarando que en el caso de los que se encuentran en proceso, el trabajo es voluntario. Las labores que realizarían serán acordes a su profesión y oficio. Asimismo, serían remunerados mensualmente con un monto que será determinado tomando como base el sueldo mínimo.
Se indica que el centro penitenciario retendría el monto respectivo para cubrir la manutención del recluso, en tanto, los montos restantes serían destinados al pago de la reparación civil. En caso de tener familia directa que sostener, se destinará a este fin el 50% de dicho sueldo. De no contar con familia que mantener o no tener que pagar reparación civil, el dinero será entregado directamente al recluso.
Si los presos transgredieran las medidas de seguridad, el INPE podrá duplicar las penas como sanción.
El documento indica que la población interna en condición de empleabilidad alcanzaba las 1, 938 personas, en tanto 800 internos han pertenecido a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Al menos 561 internos serían profesores y 577 serían médicos, ingenieros, economistas, abogados, entre otros.
Asimismo, se señala que el Estado gasta en promedio S/9, 924 por recluso en promedio, es decir, S/27 diarios. Teniendo en cuenta la población penal de aproximadamente 92, 3000, el Estado gasta S/ 915, 985 200 millones anualmente.
Con información de Caretas
