Tras la pandemia del Covid-19, la minería ilegal se ha vuelto una preocupación en la frontera Perú – Ecuador en los distritos de Namballe, San Ignacio y San José de Lourdes en la provincia de San Ignacio (Cajamarca), más grave aún, es que mineros ecuatorianos abastecen de insumos a través del contrabando, a mineros ilegales y mineros en proceso de formalización, vulnerando la soberanía nacional del territorio.
Ronar Espinoza Guerrero / Radio Marañón/ Jaén, Cajamarca
De los 1529 kilómetros que el Perú comparte con Ecuador en sus fronteras, 106 corresponden a la provincia de San Ignacio en el departamento de Cajamarca. De los 106 kilómetros, la mitad están delimitados por ríos como el Canchis, Mayo, Chinchipe (distritos Namballe y San Ignacio) y la quebrada San Francisco (distrito de San José de Lourdes). Al otro lado, en Ecuador, el territorio pertenece a la provincia de Zamora – Chinchipe.
Como en toda la provincia, en los tres distritos de frontera, tanto la agricultura como la ganadería son las principales actividades económicas, destacando entre ellas el cultivo del café, que genera los ingresos para la mayoría de agricultores, que no conciben una actividad diferente como la que ahora consideran una amenaza para su entorno, como es la minería ilegal.
Ese contexto contrasta con la pretensión de mineros peruanos y ecuatorianos de ampliar poco a poco sus actividades en las cuencas de los ríos antes mencionados, que pondrían en riesgo la calidad de las aguas y el entorno, tradicionalmente sin contaminación. Entra a tallar en esa defensa, la organización de las rondas campesinas.
“Como administradores de justicia de esta jurisdicción, somos testigos de la minería ilegal que vienen realizando mineros ecuatorianos y peruanos” refiere un dirigente distrital de las rondas campesinas de Namballe, a quien le preocupa el tema y a seguido de cerca los movimientos de los mineros peruanos y ecuatorianos en los últimos años.
El 27 de julio del 2023, a través del Oficio múltiple N° 00105-BRN, la organización rondera alertó por tercera vez desde Namballe, a diferentes instituciones como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; Autoridad Administradora del Agua Chinchipe – Chamaya; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental – FEMA (Lambayeque) y a la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, que en la frontera “como una forma de crimen organizado”, tanto mineros ecuatorianos como peruanos vienen “atentando contra el medio ambiente, irrumpiendo la tranquilidad pública, generando violencia en la comunidad entre familias y vecinos, (y) contaminación de toda la cuenca del río Chinchipe”.
El documento exponía, que ciudadanos peruanos como Francisco Romero Chanta, que para esa fecha aún contaba con REINFO, venían facilitando el ingreso de operadores de minería ilegal ecuatorianos como José Germán López Sivisaca (Cédula N° 1900260595), conocido con el alias de “Pepe Mina” o alias “Pepe López”, un sujeto que estaría organizando y utilizando a pobladores peruanos para realizar actividades de minería ilegal en la zona.
Y es que el nombre de López Sivisaca, no es nuevo en la frontera Perú – Ecuador, ya que en 2019 se hizo conocido por informes de medios locales y nacionales en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas, por organizar operaciones de minería ilegal para trasladar material aurífero hacia el Ecuador, donde “les pagaba 150 dólares mensuales por el alquiler de cada túnel, y en la tranquera se cobraba 400 dólares por la salida de cada volquete que salía repleto de material mineralizado con dirección a las plantas de procesamiento ecuatoriano” [La República 13-09-2019].
A través de diferentes oficios, la base de rondas de Namballe, ya desde enero 2023 (oficio N° 0050-BRN), febrero 2023 (oficio N° 0058-BRN), daban cuenta de la persistencia de mineros ecuatorianos por ingresar a territorio peruano, así lo revela por ejemplo un siguiente oficio (N°0065-BRN) del 20 de febrero del 2023, en el que se relata que el ecuatoriano José Germán López Sivisaca (alias “Pepe López”), recibía la venía de los ciudadanos peruanos Pepe Jilmer Alberca Amari, Eduar Sánchez Chanta, Mario Maldonado Pesantez, Basilio Maldonado Peña, Cristian Gianmarco Sánchez Chanta y Francisco Romero Chanta, para “trabajar” de manera conjunta en actividades de minería ilegal en suelo peruano.
El seis de febrero del 2023, ronderos de Nueva Esperanza (Namballe), intervinieron a las 10:00 pm, al ciudadano peruano Marvin Alexander Solano Vilca, además de otros cinco sujetos, transportando una retroexcavadora en una cama baja, que buscaba llegar al río Chinchipe, según contaron con el fin de extraer oro; el 10 de febrero, a las 11:00 pm, se intervino la misma retroexcavadora con el mismo propietario, en otra cama baja; esta vez, seis ciudadanos ecuatorianos se transportaban en el vehículo con placa de ese país, N° ABL-5790, además de un auto con lunas polarizadas de placa T5R-369. Aquel día durante el cambio de turno de los ronderos, los sujetos lograr sacar la retroexcavadora y trasladarla hasta las orillas del Chinchipe.
El 21 de febrero, las rondas campesinas de Namballe, intervinieron a la 1:20 am, el vehículo ecuatoriano de placa PAC-6302 marca Hino, tipo grúa, conducido por el ciudadano ecuatoriano Francisco Omar Robalino Jiménez con cédula N° 190021003-8, y el ciudadano Marcos Geovanny Rosillo con cédula N° 115030614-8. Según el testimonio de los intervenidos, ingresaron el vehículo de forma ilegal por el paso fronterizo en la localidad de Bajo Dorado, en el distrito de San José de Lourdes, una zona con casi nulo control por parte del ejército y la policía. Dicho vehículo transportaba una maquina “clasificadora de metal de tres metros de alto por dos de ancho con rejillas y estructuras metálicas muy pesadas y sólidas”, se trata de un equipo usado para separar (clasificar) el material del mineral (oro).
En una intervención de las rondas campesinas el 30 de octubre del 2023, se da cuenta que a orillas del río Chinchipe, jurisdicción del caserío Moreros (Namballe), se encontró a ciudadanos ecuatorianos y peruanos, quienes para proteger las operaciones de minería esperaron a la comitiva de ronderos, provistos de “piedras, machetes, armas y palos, esperando un enfrentamiento”.
Acciones escasas de entidades correspondientes
Todas las acciones de las rondas campesinas y los documentos remitidos a diversas instituciones entre enero – julio 2023, trajeron como resultado la respuesta de diferentes entidades, en algunas acciones de verificación y procedimientos. El 9 de agosto del 2023, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental D.F. Lambayeque, a cargo del fiscal José Félix Tejada Ramos, dispuso que el fiscal José Carlos Cruzado Zavaleta, aperture investigación preliminar a nivel policial, contra los que resulten responsables de la presunta comisión del delito de contaminación, en su figura de minería ilegal. La carpeta fiscal fue remitida a la comisaría de Namballe, dando un plazo de 60 días.
Tras una serie de visitas de campo entre el 13 y 19 de julio del 2023, funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca, emitieron un contundente informe en el que entre otras cosas alertaban que:
- La actividad minera ilegal viene causando malestar y problemas con la población, generando, en algunos casos, enfrentamientos entre ciudadanos.
- En la zona de Moreros (Namballe), existe una mala práctica respecto a los beneficios que brinda el proceso de formalización minera, por lo que se han tomado acciones sobre la exclusión del REINFO de dichos mineros.
- Se observó que mineros ilegales vienen usando maquinaria de dimensiones considerables, especialmente al momento de remover el material en el cauce del río, posiblemente causando impactos devastadores en los ecosistemas fluviales.
- Se presume que la actividad minera ilegal podría estar liderada por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana los cuales contratan gente local como mano de obra.
- La mayoría de mineros inscritos en REINFO no realizan actividad minera o la realizan lejos de las zonas declaradas, por lo que estarían incurriendo en faltas a la normativa, debido a ello esta dirección solicitará su exclusión del REINFO.
- En la zona de frontera, puente La Balsa, no se tienen la presencia de autoridades policiales y militares, por lo que no existe figura disuasiva para las personas que realizan minería ilegal en esta zona.
Como consecuencia de las conclusiones y recomendaciones del informe de la DREM Cajamarca, tras las visitas de campo en Namballe, el 7 de noviembre del 2023, a través de la Resolución Directoral Regional Sectorial N° D210-2023-GR.CAJ-DREM, se dispuso excluir del REINFO al titular minero Francisco Romero Chanta, identificado con DNI N°27833472, por incumplir lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1100, a través del cual se prohíbe en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal: “El uso de dragas y otros artefactos similares en todos los recursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales”.
“Namballe desde mucho antes, es una zona minera, trabajamos con nuestro pico, palana (de forma artesanal), nosotros somos dueños de nuestros terrenos, para eso tenemos que formalizarnos para poder trabajar”, dijo en declaraciones a Radio Marañón el 3 de marzo del 2024, Francisco Romero Chanta, minero en proceso de formalización al que la DREM Cajamarca excluyó del REINFO.
Romero, un hombre de 71 años, de Moreros en Namballe, aseguró durante la misma entrevista que no facilitan el ingreso de ecuatorianos a territorio peruano, “hasta el momento no, claro ellos tienen sus leyes, pero ellos trabajan allí” señaló.
No solo maquinaria, también combustible de contrabando
Los mineros que operan entre Namballe, San Ignacio y San José de Lourdes, no solo estarían promoviendo el paso de personas desde el Ecuador, el transportes de maquinaria y materiales, sino también insumos como combustible, el mismo que es trasladado por el río hasta el Perú, evitando el escaso control de la frontera.
A través del informe N° 01-2024-COP – DIRNOS – FF.PP-CAJ/DIVPOL-J/DUE-USEINT-JAEN-SECSEFRO SI/PVF A.C del 28 de febrero del 2024, el Jefe del Puesto de Vigilancia de Fronteras de la Policía Nacional del Perú, ubicado en Alto Cocha – San Ignacio, Superior Brigadier Jorge Alexander Flores Vera, dio cuenta a la superioridad policial en Cajamarca, que tras acciones de patrullaje en las orillas del río Chinchipe, verificó actividades de minería ilegal (metálica).
“En las riveras del rio Chinchipe, ubicado en el caserío Leoncio Prado – distrito y provincia San Ignacio – Cajamarca, se puede visualizar la presencia de cuatro retroexcavadoras de color amarillo, equidistantes a aproximadamente 100 y 300 metros una de otra, siendo operadas por personas desconocidas de sexo masculino, del mismo modo se visualizan diversos equipos (clasificadora, motores, mangueras, bidones de combustible, otros), utilizados para tal fin” relata el informe.
En el mismo informe, el sub oficial de la policía, expone que entrevistando a varios “ciudadanos de los diversos caseríos, refieren que los presuntos dueños de las indicadas minerías serían las personas de apellidos: Pintado y Castillo, así mismo la presente actividad ilícita viene desarrollándose desde hace varios días; ocasionado daño al ecosistema, contaminación ambiental, generando malestar y preocupación en las poblaciones aledañas”.
Los efectivos de la policía del Puesto de Vigilancia (PV) Alto Cocha – San Ignacio, lograron registrar imágenes en las que se muestran un cargamento de galones de combustible siendo trasladados desde el lado ecuatoriano hacia territorio peruano, a través del río Chinchipe.
El último viernes 8 de marzo, la policía realizó un operativo de forma conjunta con las rondas campesinas de Namballe en territorio del Caserío Las Abejas y volvió a comprobar que desde el Ecuador, mineros ilegales, se abastecen de insumos para operar en las orillas del río Chinchipe.
“Se halló una máquina excavadora marca CAT, una clasificadora metálica, motobombas, mangueras, un cubo plástico de mil litros conteniendo petróleo al parecer de procedencia ecuatoriana, (contrabando), asimismo se halló una manguera que cruzaba el rio Chinchipe hacia el vecino país de Ecuador, sujetada a unos cables metálicos (tipo Guaro), asimismo al verificar que transportaba dicha manguera se constató que servía para circular combustible (petróleo de procedencia Ecuatoriana), que sería usada para la maquinaria, para el trabajo de minería ilegal en la zona” relata la nota policial del operativo.
En el lugar, durante el operativo, se hicieron presentes dos personajes ya mencionados antes en este artículo, “ los señores Francisco Romero Chanta (71) y Marvin Alexander Solano Vilca (37), refiriendo ambos que la maquinaria se encontraba realizando apertura de trocha y en cuanto a la clasificadora y motobomba y combustible ecuatoriano, no supieron explicar, procediendo a su detención por el flagrante delito de ambiental en la figura de tráfico ilícito de insumos y maquinarias destinadas a la minería ilegal, y el delito de contrabando”. El caso fue informado al Fiscal de Turno de la Fiscalía Especializada del Medio Ambiente de Chiclayo, el Dr. José Cruzado Zavaleta y el Fiscal de Turno de la Provincia de San Ignacio, Dr. Aldo Calderón Vílchez.
¿Se podrá implementar las recomendaciones de la DREM?
En su informe tras la verificación de julio del 2023, la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca, expuso que:
- Se recomienda que las autoridades regionales y nacionales, a través del Ministerio de Energía y Minas, pueda solicitar que se instale una mesa de trabajo binacional con las autoridades ecuatorianas ya que la minería ilegal en el río afecta a ambos países, donde solo una acción conjunta podrá brindarnos mayores herramientas para combatir la minería ilegal. Dicha coordinación podría realizarse a través cancillería.
- Como autoridades regionales se debería poner énfasis en generar proyectos económicos que brinden oportunidades de desarrollo para los pobladores del distrito de Namballe de tal forma de que no miren a la minería ilegal como una actividad de subsistencia.
- La DREM ya viene informando y remitiendo los informes respecto a las denuncias de minería ilegal a la Fiscalía para su conocimiento y toma de acciones de acuerdo a sus competencias.
- Se recomienda realizar coordinaciones con las autoridades del Ejército Peruano para solicitar apoyo logístico (helicóptero) y así realizar las actividades de verificación en las zonas más lejanas de la provincia de San Ignacio
- Se recomienda que la Autoridad Nacional del Agua y RENAMA realicen el monitoreo dela calidad química y biológica de los ríos Chinchipe y Canchis para determinar el nivel de afectación y/o contaminación debido a la minería ilegal
“La minería ilegal afecta la soberanía nacional y la integridad territorial en las zonas fronterizas, pues estas actividades se realizan sin los permisos y regulaciones necesarias del Estado, lo que constituye una vulneración a la soberanía. Adicionalmente, la minería ilegal puede estar relacionada con el contrabando de metales y minerales a otros países, lo que perjudica el patrimonio nacional y la economía del país” dice Trigoso Zagaceta, A. (2023) en el ensayo “Minería ilegal en la zona de forntera Perú- Ecuador y su impacto en la seguridad nacional”. Revista Cuadernos De Trabajo, (23), 65–78. https://doi.org/10.58211/cdt.vi23.61.
