Explicó que se coordinó con los apus para que la población reciba la vacuna contra el nuevo coronavirus. “En un principio estaban interesados, pero cuando iniciamos el proceso de vacunación, el pasado 22 de junio, muchos se habían desanimado”, comentó.
Según Cahuana, alguien influenció en la decisión de la población para rechazar la vacuna contra la covid-19 porque los brigadistas de salud que recorren los anexos retornan con las actas firmadas por los líderes y las personas que se niegan a recibir la dosis.
“Estamos presentado un informe a la Defensoría del Pueblo y la fiscalía poniendo de conocimiento esta situación, porque más adelante la población podría argumentar que no hemos querido vacunarlos o hemos utilizado sus vacunas en otras personas”, manifestó.
Precisó que no pueden mantener mucho tiempo en custodia la vacuna porque peligra la cadena de frio; por lo tanto, invocó a la población de las comunidades indígenas a recibir la dosis para protegerse de la enfermedad.
Cahuana dijo que insistirá con los apus para sensibilizar a los pobladores y puedan ser inoculados; de lo contrario, tendrán que llevar las dosis a comunidades aledañas como Burgos y Miraflores.
Señaló que ha informado de la situación a la Dirección Regional de Salud (Diresa) y de acuerdo con los protocolos se dispondrá el uso de vacunas en las comunidades cercanas que han aceptado inmunizarse.
“Vamos a dejar una cantidad en los puntos de vacunación de las comunidades de Naranjos y Supayaku para hacer un barrido con las personas que vayan cambiando de decisión”, acotó.
El funcionario refirió que el proceso de vacunación en la provincia de San Ignacio se cumple de acuerdo con lo programado para personas mayores de 55 años, además de los docentes de la zona rural y gestantes, con las dosis Pfizer y Sinopharm.
Información de Andina
