Campesinos de Cañaris demandan nulidad de concesiones mineras que abarcan el 74% de su territorio

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Una delegación de la comunidad indígena quechua de San Juan Cañaris en Lambayeque, llegó este jueves 16 de junio a Lima para realizar un plantón en la Plaza San Martín. La medida de protesta es para exigir que el gobierno de Pedro Castillo anule las concesiones mineras de sus territorios que, según denuncian, se han otorgado sin ningún consentimiento.

La oposición de la comunidad de Cañaris a cualquier actividad extractiva en su territorio, radica en que perciben a la minería como una amenaza a los ecosistemas de sus bosques de neblina y al peligro de contaminación de la cabecera de cuenca del río Kañaris. Además, temen que se perjudiquen sus actividades agrícolas, así como sus recursos hídricos que abastecen a toda la región.

«Queremos que el Estado deje de despojarnos de nuestros territorios y declare la nulidad de todas las concesiones mineras otorgadas a la minera, porque tenemos temor que causen daños ambientales irreversibles a nuestros bosques, ríos, suelos, animales, plantas, poniendo en riesgo incluso nuestra existencia como pueblo indígena», señala Rosa Sara Huamán, lideresa de la comunidad, para Wayka.

Los comuneros también reclaman el respeto a la consulta previa, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Estado peruano. Este instrumento brinda protección a las comunidades en el respeto de su identidad cultural y autonomía.

El geoportal de la organización CooperAcción revela que la comunidad de Cañaris tiene, actualmente, el 74% de su territorio concesionado. Esto equivale a 21 757.95 hectáreas, distribuidas en 39 concesiones mineras tituladas y 6 en trámite. Información que fue precisada a Wayka por la misma organización ambientalista.

PLANTÓN EN LIMA

Los comuneros de cañaris enviaron un memorial con sus demandas al presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, el 10 de junio, donde reclaman el derecho a la consulta previa, al ser reconocidos como ‘comunidad de indígenas’, según la Resolución Suprema N° 54, emitida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas del 10 de octubre de 1956.

Este 16 de junio, tienen previsto una reunión con la congresista Ruth Luque y la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso. En las conversaciones también participan representantes de Piura y Cajamarca. Junto a estas comunidades campesinas de otras regiones comparten denuncias similares por la presencia de empresas mineras en sus territorios. Estas comunidades se han articulado en la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la Soberanía de la Macronorte Perú (CODEF NORTE).

Las organizaciones denuncian que las concesiones otorgadas a empresas extractivas en los territorios de la comunidad campesina San Juan de Kañaris (Lambayeque), comunidad campesina Segunda y Cajas, comunidad campesina de Yanta (Piura), y de la comunidad campesina de Perlamayo Capilla – Chugur (Cajamarca), están ubicados en cabeceras de cuenca que abastecen de agua a las poblaciones del campo y las ciudad.

CONFLICTO INICIÓ HACE 10 AÑOS

El 30 de setiembre del 2012, ciudadanos y ciudadanas de los 38 caseríos de la comunidad San Juan de Cañaris, participaron en un proceso democrático impulsado por su asamblea comunal para decidir si estaban de acuerdo o no con la instalación del proyecto minero ‘Cañariaco’, operado por la empresa minera Candente Copper. El proceso obtuvo un resultado del 96.9% de votos en contra del proyecto minero.

A partir de este suceso, los comuneros comenzaron a organizarse para que el Estado peruano reconozca su decisión. Es así que el 20 de enero del 2013 convocaron a un paro indefinido.

El paro duró tres días y el día más crítico fue el 22 de enero, cuando la represión policial provocó que más de 20 comuneros, entre hombres y mujeres, resultaran heridos por impactos de perdigón. Un año después, en el 2013, la comunidad logró que se suspendiera el proyecto temporalmente.

Redacción de Wayka

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