«Nosotros hemos decidido, como gobierno regional, pronunciarnos ante la modificación básicamente porque hemos visto que se vulnera la gobernanza, la gobernabilidad de las poblaciones indígenas y campesinas en nuestra región Amazonas. (…) La eliminación de los estudios de la clasificación de suelos aumentaría el riesgo de regularizar la ilegalidad asociada a la deforestación perjudicando al ambiente», declaró.
Por ello, la autoridad regional también cuestionó el proceso de la aprobación de esta modificatoria pues no ha cumplido con la consulta previa a los pueblos indígenas, a quienes afectará directamente en sus condiciones de desarrollo social, económico, ambiental y cultural.
«Amazonas tiene un aproximado del 35 % de bosques de la Amazonía Baja que está gobernado hace miles de años por las comunidades Awajún y Huambiza, mientras en la parte sur tenemos comunidades campesinas», destacó.
Rimarachín Cayatopa también indicó que esta modificación vulnera las normas internacionales debilitando el derecho al acceso de seguridad alimentaria y restringiendo las actividades de exportación de productos de las regiones amazónicas.
«Si bien es cierto ahora la productividad de la región Amazonas se basa en el café y en el cacao, y su principal mercado es Europa, Norteamérica y Canadá. Hemos visto que esto peligraría dado que ahora tenemos un acuerdo para que los productos que salgan de la Amazonía o del Perú vengan de lugares donde no se está realizando la deforestación o cambiando el uso de la tierra», puntualizó.
La vicegobernadora pidió al Ministerio del Ambiente (Minam) convocar a una reunión de trabajo con las autoridades de las regiones amazónicas, a fin de plantear la derogatoria de esta modificatoria que perjudica gravemente la gestión de los bosques en el Perú.
«El espíritu de la ley, para su cumplimiento, tiene que venir desde la población hacia arriba, pero en este caso siempre nos están imponiendo, entonces eso no podemos aceptarlo. (…) Nosotros formamos parte de la Mancomunidad Regional Amazónica, y a las regiones amazónicas y no se nos ha consultado, nadie nos ha preguntado. Entonces, creemos que se tiene que llevar a cabo una reunión con las autoridades regionales, el Minam y la sociedad civil, con ellos tienen que salir unos acuerdos consensuados para que pueda derogarse esta norma», explicó.
