En efecto, el río Marañón viene sufriendo más de 60 derrames de petróleo provocados por el Oleoducto Norperuano, entre 1997 y 2019, según Osinergmin. El río también se está viendo perjudicado por los impactos de proyectos de infraestructura, como represas hidroeléctricas que se piensa construir y el proyecto Hidrovía Amazónica, considerados un riesgo por múltiples agencias y organizaciones, incluida la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El río está siendo afectado, además, por la minería ilegal de oro, que lo contamina con mercurio y otros metales peligrosos.
El río Marañón es uno de los ríos y fuentes de agua dulce más importantes del Perú y sus cabeceras se encuentran en lo alto de la Cordillera de los Andes antes de que el río fluya a través del valle andino para convertirse en una de las principales fuentes del río Amazonas.
Por los derechos del río Marañón
En el proceso de amparo constitucional, iniciado en 2021 y apoyado por el Instituto Defensa Legal, International Rivers y Earth Law Center, las mujeres Kukamas buscan no solo la restauración de los daños ambientales, sino también el reconocimiento fundamental de que el río Marañón y sus afluentes sean titulares de derechos. Entre los derechos de los ríos que se busca sean reconocidos, se encuentran el derecho a existir, fluir, apoyar la biodiversidad nativa y permanecer libre de contaminación, entre otros.
La demanda estaba dirigida a actores clave, incluida la compañía petrolera Petroperú; el Ministerio del Ambiente, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Energía y Minas. También se incluyen representantes de entidades regionales, como la Dirección Ejecutiva de Gestión Ambiental y la Dirección General de Asuntos Indígenas del Gobierno Regional de Loreto.
En la decisión, la jueza Corely Armas Chapiama del Juzgado Mixto de Nauta determinó que la empresa Petroperú asuma compromisos ambientales, como presentar el proyecto actualización de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), para garantizar el adecuado manejo del transporte de hidrocarburos a través del Oleoducto Norperuano, a fin de frenar derrames en los ríos. También ha instado a las autoridades a proteger los derechos del pueblo Kukama como representantes, guardianes y defensores del río Marañón y sus afluentes.
La lucha de Mariluz Canaquiri y las mujeres Kukamas
Mariluz Canaquiri Murayari, presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana (mujeres trabajadoras), dice: “Estamos realmente contentas y agradecidas con todos los que nos han seguido respaldando. Y también dar gracias a Dios por lo que hemos podido lograr. Quizás no va a quedar ahí, vamos a continuar. Nos da más ánimo a seguir luchando en defensa de nuestros territorios, de nuestros ríos, del agua, que es fundamental. Personalmente, este fallo es algo que tiene mucho valor, ahora que nos están reconociendo. Eso es una puerta más para nosotras, para seguir luchando y reclamando otros derechos. Lo que hemos venido trabajando es realmente fundamental para el país y el mundo. Esto es para proteger nuestros ríos, nuestros territorios, nuestras propias vidas y de toda la humanidad, son los seres vivos de la madre naturaleza”.
Mariluz, junto con sus abogados Martiza Quispe Mamani y Juan Carlos Ruiz Molleda, han navegado durante los últimos años por las complejidades del sistema de justicia luchando por la protección de su derecho fundamental a la salud, el saneamiento, los derechos sociales, culturales, ambientales y económicos y a una vida digna. Ahora, su larga espera por una resolución llegó a su fin. Para las comunidades amazónicas de nuestro país, la decisión de la corte representa un avance importante para la restauración ambiental y el derecho fundamental al agua.
“Esta sentencia histórica es un logro importante de las mujeres Kukamas, Huaynakana Kamatahuara Kana, quienes durante muchos años han luchado por la protección y defensa de sus ríos, debido a los constantes derrames de petróleo. Que la jueza del juzgado de Nauta haya declarado al río Marañón como sujeto de derecho significa un hito muy importante y trascendental para la protección no solo del río Marañón, sino también de otros ríos que están siendo contaminados por actividades extractivas o de otra índole”, dice Martiza Quispe Mamani, la abogada que representa a las comunidades.
Es importante resaltar que este caso ha avanzado hacia la justicia constitucional gracias la articulación y apoyo de aliados por la defensa del río Marañón, Instituto de Defensa Legal, International Rivers, Earth Law Center, Justice and Corporate Responsibility Project—JCAP, Forum Solidaridad Perú, Quisca, Radio Ucamara, Radio Voz de La Selva, WCS Perú, la parroquia Santa Rita de Castilla, el Obispo de Iquitos Monseñor Miguel Ángel Cadenas y el P. Manolo Berjón del Vicariato Apostólico de Iquitos, Mesa Regional de Lucha Contra La Pobreza, Broederlijk Delen, Global Alliance for the Derechos de la Naturaleza.
Con información de IDL Reporteros
