La medida también recae en Wilfredo Romero Córdova, ex Subgerente de Abastecimientos y Servicios Generales y Carlos Enrique Aranda Martínez, ex Gerente de Administración.
Además, Euler Berly Jave Díaz, ex Gerente Municipal y José Hernán Fuentes Sarmiento (ex proveedor), en calidad de cómplices del delito de colusión agravada, en agravio de la Municipalidad Provincial de San Ignacio.
En juicio la fiscal provincial Ana Zegarra Azula, acreditó que los acusados han llevado a cabo acuerdos ilegales y subrepticios con el ex proveedor José Hernán Fuentes Sarmiento, para defraudar al Estado, pues se demostró que agrupaban los requerimientos en órdenes de compra y comprobantes de pago, por montos que no excedan de las 3UIT, fraccionando indebidamente los comprobantes de pago, a pesar de que estos sumados en un mes excedían las 3UIT, esto es, no consolidaron los requerimientos por las diferentes áreas usuarias, a pesar de que se trataba de bienes homogéneos (materiales de construcción).
Todo para evitar el proceso de selección que correspondía, y realizar las compras en forma directa, sin una mínima indagación de mercado, simulando compras ventas a crédito para sobrevalorar el precio de los bienes, a favor de José Hernán Fuentes Sarmiento, ventas que, en su conjunto, en los años 2011, 2012,2013 y parte del año 2014 ascendieron a S/ 1, 571,808.60. Además, la entidad si tuvo presupuesto para las compras, por lo que no se justificaba la venta a crédito, pues cada año la entidad tenía saldos a favor.
Asimismo, se determinó que, desde la creación de Negocios Fuentes, de José Hernán Fuentes Sarmiento, en el año 2007 hasta el 2013, según su libro registro de ventas del proveedor, tuvo como cliente casi exclusivo a la Municipalidad de San Ignacio, manteniéndose por las adquisiciones que le hizo a dicha entidad, incluso al terminar la gestión de Carlos Martínez Olano (quien fue alcalde de San Ignacio desde 1999 al 2014), el negocio de José Hernán Fuentes Sarmiento ya no continuó.
Si bien la fiscalía pidió por estos hechos la pena de nueve años de pena privativa de la libertad, al demostrarse que este accionar se repitió en todo el año 2011, 2012 y 2013. Sin embargo, en adelanto de fallo los magistrados impusieron seis años de pena privativa de libertad.
Con información del MP
