Según detalla la ciudadana, en reiteradas oportunidades acudieron a la UGEL San Ignacio y a la Defensoría del Pueblo, sin embargo, mientras dura el proceso han tenido que cambiar a sus hijos a otro PRONOEI ubicado a la otra margen del río para evitar las agresiones.
Por ello, exigieron a la Unidad de Gestión Educativa Local de San Ignacio, dar celeridad a este caso, pues desde el mes de marzo se tiene el examen psicológico de los menores quienes describen las agresiones recibidas.