Piden 15 años de cárcel para asesinos de mayor Bazán

Foto: Difusión
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Quince años de pena privativa de la libertad solicitó el Ministerio Público de Chiclayo para los cuatro procesados en la desaparición forzosa del mayor de la Policía Nacional Felipe Agustín Bazán Soles, quien en abril del 2009 fue capturado por un grupo de nativos de Amazonas, quienes protestaron por 55 días contra la Ley de la Selva y el Tratado de Libre Comercio Internacional con Estados Unidos.

La revuelta se registró en los sectores El Reposo y La Curva del Diablo (Amazonas), en donde los nativos exigían al Gobierno la derogatoria del Decreto Ley de la Selva en el Perú, del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, que favorecería a grandes empresas transnacionales y mineras a usar territorio de la selva con el fin de explotar grandes yacimientos de petróleo, gas y otros minerales en desmedro de los indígenas.

En las acciones en donde fallecieron 23 policías y diez comuneros, el mayor PNP Bazán fue capturado, torturado y posteriormente desaparecido, sin que hasta el momento sus restos sean encontrados.

El oficial, que fue declarado oficialmente muerto por el Poder Judicial, aparece en una foto seriamente herido capturado por los nativos Asterio Pujupat Wachapea, Roberto Carlos Elena y Feliciano Cahuasa Rolin, quienes ahora enfrentan a la justicia por su muerte.

Según las indagaciones, el mayor Bazán fue llevado al río Marañón en donde fue arrojado para que fallezca ahogado. Durante toda la investigación preliminar del Ministerio Público y el juzgamiento, los sospechosos de cometer el crimen revelaron la posible ubicación del cadáver del oficial, del que solo existe una tumba con una lápida con su identificación.

Mientras tanto la viuda y sus dos hijas, una de ella oficial de la Policía, esperan en algún momento poder cerrar el círculo que involucra la investigación de la desaparición de Felipe Bazán. Ellos desean poder sepultar los restos que se puedan encontrar de él.

Esperan que el juzgado que investiga el caso oficialice el día en que se realice la audiencia de lectura de sentencia contra los imputados.

Fuente: La República