«Máxima y su familia demandaron a Newmont Mining por los años de acoso e intimidación que sufrieron porque se negaron a abandonar sus cultivos para dar paso a una enorme mina de oro», dijo Wyatt Gjullin, abogado de EarthRights.
«Sin embargo, los tribunales estadounidenses del mismo Estado en el que está constituida la empresa, Delaware, han utilizado repetidamente una doctrina procesal técnica errónea para impedir que la familia le exija responsabilidades a Newmont. La familia ha llevado ahora su lucha al más alto tribunal de los Estados Unidos, luchando por un juicio justo y para establecer un precedente para otros defensores de los derechos humanos que se enfrentan a los abusos de las empresas», sostiene el abogado.
En este documento, presentado el 9 de julio, la familia solicita que la Corte Suprema revise una interpretación jurídica que frecuentemente permite bloquear algunos casos basados en la noción de que es más «conveniente» para una empresa estadounidense defenderse en un tribunal extranjero que en su estado de origen.
La petición sostiene que, sin la orientación de la Corte Suprema, los tribunales inferiores seguirán adoptando reglas contradictorias al aplicar la doctrina que no salvaguardan un juicio justo y se apartan marcadamente de las motivaciones originales de la doctrina.
La petición es respuesta a una sentencia del Tribunal de Apelación de los Estados Unidos de diciembre del año pasado, que confirmaba la decisión tomada por un tribunal inferior, de que el caso debe ser llevado en Perú y no en los Estados Unidos, explica en un comunicado EarthRights International, institución que representa a la familia.
Máxima Acuña y su familia, demandaron a Newmont en Estados Unidos por abusos del personal de seguridad de la minera. El pasado mes de marzo, el Tribunal Federal para el Distrito de Delaware desestimó el caso, indicando que debería llevarse en Perú, sin pronunciarse sobre los hechos secundarios.
En diciembre, el Tribunal de Apelación confirmó esa decisión, dictaminando que el resultado era aceptable a pesar de las «recientes y graves alegaciones de corrupción» en el Poder Judicial peruano. Después de casi cuatro años, los tribunales estadounidenses no han llegado al fondo de las demandas de la familia. La desestimación del tribunal de distrito fue «sin perjuicio», lo que significa que los tribunales estadounidenses han dejado abierta la posibilidad de que la familia pueda volver a Estados Unidos si los tribunales peruanos se niegan a conocer el caso o si Newmont no cumple las condiciones de la desestimación.
Redacción Wayka
