La resolución, que data del 6 de enero pasado, señala que el excongresista y exsecretario general de Fuerza Popular habría utilizado a sus allegados o empleados para generar trámites a nombre de funcionarios de la Universidad Alas Peruanas (UAP), fundada por su tío, en la compra y gestiones de predios en la provincia norteña.
La sentencia había quedado en estado de suspensión hasta que se resolviera la apelación en segunda instancia, según lo determinado en el nuevo Código Penal. La prisión suspendida se aplica a “delitos no graves”, cuya pena no sobrepasa los cuatro años.
Actualmente, Ramírez es investigado por presunto lavado de activos, el segundo caso más grande de este tipo en Perú. En un operativo en su contra realizado semanas atrás, el Ministerio Público, junto con la Policía Nacional, incautó más de 1.000 millones de dólares a favor del Estado, en un promedio de 295 bienes, entre los cuales había avionetas, edificios y vehículos.
En este último caso, el acaudalado empresario financió presuntamente la campaña electoral de la excandidata Keiko Fujimori con fondos de la UAP, una casa de estudios que perdió su licencia con la reforma de la educación superior.
Ramírez empleó préstamos otorgados por la universidad para una serie de empresas suyas de importación, construcción e inmobiliarias por más de ocho millones de soles, que ingresaron presuntamente a los fondos de la campaña de Fujimori, según la Fiscalía.
Con información de Infobae /Canal N
