Una de esas acciones, es que los familiares de los detenidos solicitaron a la sub prefectura provincial de Jaén, el otorgamiento de garantías personales para todos los integrantes de dicha familia, entre ellos los tres intervenidos por las rondas, aduciendo que el presidente de la base de rondas del Caserío La Palma, Orestes Alberto Tocto Ojeda, su esposa y otros, vienen haciendo “agresiones verbales, físicas y hostigamiento” a la familia en cuestión.
“La sub prefecta (Elsi Sandoval) sin investigar, está prestando las garantías, ha llegado ya los documentos, que no los toque las rondas campesinas, sino de lo contrario se van a atener a las consecuencias porque los ronderos van a ser penados, esa es la indignación de la población rondera de San José del Alto” expresó el dirigente.
Saavedra Mesones, precisa que cuando se produjo la intervención de las tres personas por bases de rondas de San José del Alto y Huabal en agosto del 2023, se les encontró en posesión de vehículos reportados como robados, hecho que se pudo corroborar con presencia de la policía.
“Hemos hecho entrega a la policía de los bienes recuperados, por ejemplo, una moto que salía (como robada) en Utcubamba” señala el dirigente rondero.
Según dio a conocer Filadelfo Saaverda, por tanto, no se trata de un tema de hostigamiento personal por parte del presidente de rondas de La Palma, contra la familia Montenegro Estela, sino de una acción conjunta entre bases de rondas de San José del Alto, Huabal y Chontalí.
Y es que, según la resolución sub prefectural N° 526 del 1 de diciembre del 2023, a través de la cual se otorga garantías a toda la familia de los intervenidos por las rondas, se ordena a los ronderos “cese los actos de agresiones, verbales, físicas y de hostigamiento”, de lo contrario dichas personas podrán presentar contra las rondas una denuncia por “desobediencia a la autoridad”, con lo cual se corta toda posibilidad que en hechos delictivos posteriores, la organización rondera pueda intervenir a los sujetos antes mencionados.
