La Contraloría General identificó presunta responsabilidad administrativa y penal a once funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz quienes habrían sobrevalorado el costo del servicio de una consultoría para la elaboración del expediente técnico de mejoramiento del tramo de la carretera La Higuera – Puente Tostén en la localidad de Saucepampa.
Durante un Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, la Comisión Auditora evidenció que el área usuaria de la entidad sobrevaloró el costo del servicio de consultoría, al considerar en la estructura de costos de los Términos de Referencia (TDR) un plazo de ejecución de 60 días calendario; sin embargo, en los mismos TDR, bases y contrato se estableció como plazo para la ejecución del servicio en 45 días calendario, generándose con ello una sobrevaloración de S/ 50 251,48.
El titular de la entidad designó al Comité de Selección quien modificó sin sustento técnico y legal los TDR del área usuaria, al haber excluido al topógrafo (personal clave), e incrementando injustificadamente el costo del jefe de proyecto y el especialista en diseño vial, afectando la legalidad del procedimiento de selección. Dicho comité no contaba con un integrante del Órgano Encargado de Contrataciones (OEC), como establece la normativa vigente (Informe de Control Específico N° 043-2020-2-0378-SCE)
Los auditores constataron que los profesionales propuestos por el consorcio, el jefe de proyecto y el especialista ambiental no acreditaron los requisitos de calificación de experiencia establecidas en las bases; a pesar de ello, la entidad suscribió contrato con el consorcio, donde se omitió la cláusula de garantías y se modificaron las cláusulas de responsabilidades por vicios ocultos y penalidades; contraviniendo el correcto funcionamiento de la administración pública.
Además, la entidad otorgó la conformidad al expediente técnico presentado por el consorcio, el cual contenía planos del estudio topográfico y diseño vial que fueron copiados del estudio de pre-inversión (perfil técnico) y expediente técnico que presentó la entidad a Provías Descentralizado Lima en el 2019 para el financiamiento de la carretera. En consecuencia, la diferencia entre el monto pagado al consorcio y el monto que debió costar el servicio de consultoría de obra (S/ 175 205,78) constituye el perjuicio económico de S/ 44 748,32. Los hechos ocurrieron en el periodo que va del 7 de abril de 2019 al 29 de enero 2020.
Cuando los auditores analizaron los estudios de ingeniería y documentos presentados por el consorcio como parte del expediente técnico, se evidenció que algunos estudios fueron elaborados antes del procedimiento de selección, inclusive antes de la suscripción del convenio entre la entidad y Provías Descentralizado, afectando la legalidad del procedimiento de selección y el correcto funcionamiento de la administración pública.
Ante esto, la Contraloría General puso en conocimiento de la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, el informe de control específico para que inicie las acciones legales contra los 11 funcionarios y exfuncionarios (gestión 2019 – 2022) a quienes se ha identificado presunta responsabilidad penal y administrativa.
Nota de prensa
