El Poder Ejecutivo oficializó la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la adquisición y distribución de la vacuna para el tratamiento curativo y preventivo del coronavirus en el territorio nacional.
Se trata de la ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo del COVID-19 y otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud.
El dispositivo legal garantiza una distribución gratuita y universal de la vacuna contra el COVID-19 en el país. Señala que su objetivo es garantizar el acceso libre y voluntario a la ciudadanía al tratamiento a dicha enfermedad y otras.
Considera como bien esencial a los medicamentos y vacunas que permitan curar y prevenir el coronavirus y de otras empleadas para emergencias sanitarias.
El Ministerio de Salud, como ente rector, establece un esquema de vacunación con participación de los gobiernos regionales y de los sectores de la salud para garantizar el acceso y cobertura.
Este sector fortalecerá el primer nivel de atención, así como la cadena de frío a nivel nacional para garantizar una vacunación segura. La norma, aprobada por el Congreso de la República, es refrendada por el presidente Francisco Sagasti y la premier, Violeta Bermúdez.
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