Los fiscales sostienen que actualmente no cuentan con los recursos económicos y logísticos para la custodia y traslado de la maquinaria incautada durante los operativos contra la minería ilegal, debido a que estos se encuentran en lugares con poco acceso y bastante alejados. En ese sentido, consideran que trasladar esta competencia a los gobiernos locales que tampoco cuentan con presupuesto debilitaría este mecanismo frente a la lucha contra la minería ilegal.
«La propuesta atenta contra la autonomía del Ministerio Público y el carácter reservado de estas operaciones; puesto que todo operativo de interdicción tendría que ser previamente comunicado y coordinado con los Gobiernos Regionales y Municipales y de no darse estas condiciones logísticas tendrían que ser frustrados», dice el pronunciamiento suscrito por los cinco fiscales ambientales de Madre de Dios.
Cabe precisar que la autógrafa de ley fue aprobada por el pleno el pasado jueves 25 de mayo a pesar de haber sido observada por tres ministerios. El Ejecutivo tiene plazo hasta este miércoles 28 de junio para observar el mencionado documento.
Con información de Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú
