Hoy se cumple doce años del lamentable 5 de junio de 2009 en el que miembros de la policía fueron enviados a desalojar a más de dos mil indígenas awajún wuampis y mestizos, quienes habían tomado durante 53 días la zona denominada la «Curva del Diablo», ubicada entre los caseríos Siempre Viva y el Reposo en Utcubamba en la región Amazonas, en protesta por dos decretos legislativos que vulneraban su derecho a la consulta previa. Este desalojo dejó como saldo la muerte de 33 personas, incluidos 23 policías, y se registraron graves violaciones a los derechos humanos.
En el 2009 se promulgaron dos decretos legislativos del segundo gobierno del fallecido Alan García y que se elaboraron como parte de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Como recuerda Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), ambos decretos vulneraban el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas y dejaban solo en el Estado la decisión de aprobar las inversiones petroleras y mineras.
Ese penoso día a las 5 de la mañana el entonces segundo gobierno de Alan García mandó a 369 efectivos policiales para iniciar el desalojo de los manifestantes indígenas. La policía arrojó bombas lacrimógenas desde los helicópteros. En medio del conflicto, ya en tierra, la policía disparó contra los manifestantes, resultando herido de bala el líder awajún- ahora fallecido- Santiago Manuin, hecho que exacerbó a los manifestantes.
Durante el conflicto, los indígenas tomaron la subestación de bombeo 6 de Petroperú en protesta donde tomaron como rehenes a 39 personas (38 policías y un ingeniero). Más tarde, ese 5 junio, se encontraron los cadáveres de 10 policías. Aún falta resolver la desaparición del mayor Felipe Bazán.
Luego de estos hechos de violencia la Fiscalía abrió cinco investigaciones que involucran principalmente a manifestantes indígenas presentes en las protestas, también se abrió juicio oral a seis oficiales de la policía que tuvieron responsabilidad en la dirección de los operativos, pero no hay ningún proceso judicial sobre las responsabilidades de los ministros del régimen aprista.
Con información de Convoca
