La tesis de Diresa Amazonas y del MINSA es que se “declare sustracción de la materia pues no hay gente enferma”, según informan, los afectados no ha ido a los establecimientos de salud a pedir atención.
El abogado Ruiz Molleda asegura que sólo se ha entregado paracetamol, amoxicillina y otros medicamentos básicos y recién el 29 de abril un psicólogo, odontólogo y un enfermero acudirían a las zonas afectadas. “Mientras no haya examen de sangre, prima y pelo a todos y cada uno de los miembros de las comunidades afectadas, MINSA y Diresa no pueden decir que no hay gente afectada” afirma el abogado del IDL.
Cabe indicar que el juez de primera instancia declaró fundada la demanda de amparo y ha ordenado que la Diresa Amazonas brinde atención “especializada” a los afectados por derrames. Sin embargo, Diresa pretende dar el mismo servicio sanitario que a todos se brinda, olvidando que son afectados por derrames de petróleo.
Participaron en la audiencia Segundo Herrera destacado abogado de CAAAP, el abogado de IDL y el Apu Eusebio Cuñachi Taijin de la comunidad Nazareth en representación de las comunidades afectadas.
Dato:
Decenas de comunidades nativas se han visto gravemente afectadas por causa del Oleoducto Norperuano que opera la estatal Petroperú.
El año 2016 se inició con un lamentable suceso que afectó gravemente la vida de numerosas comunidades indígenas de la Amazonía peruana. El 25 de enero, se produjo el derrame de más de 3 mil barriles de petróleo crudo en el tramo II del Oleoducto Norperuano, en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas. El vertido recorrió aproximadamente un kilómetro llegando hasta la quebrada Inayo y luego al río Chiriaco.
