Durante el Mega Operativo de Control Regional, la Contraloría evidenció presuntas irregularidades en la adquisición de 60 mil pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19 valorizadas en más de S/ 2 millones. Cuatro funcionarios de la Dirección Regional de Salud (Diresa) tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos.
Según el Informe de Control Específico N° 9628-2020-CG/GRCA-SCE, la Comisión Auditora constató que servidores de la Diresa seleccionaron a una empresa como ganadora de la contratación directa de las pruebas rápidas, sin que esta haya acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el requerimiento.
Después que el OCI comunicó este hecho al titular de la Diresa, la entidad decidió realizar un nuevo requerimiento y un nuevo estudio de mercado, donde se advirtió la existencia de otro proveedor con una mejor oferta en precio, plazo y lugar de entrega. Sin embargo, los servidores de la Diresa continuaron con la primera contratación valorizada en S/ 2 106 300, aceptaron pagarle un adelanto del 20% y que la entrega de las pruebas se realice en la ciudad de Lima, situaciones no contempladas en el requerimiento. Como consecuencia de ello, la entidad tuvo que asumir un gasto adicional por el traslado de las pruebas rápidas a Cajamarca, poniendo en riesgo la integridad y efectividad de las mismas.
Cuando la entidad gestionó el documento de validación de las pruebas rápidas, porque el proveedor no entregó dicho documento, el Instituto Nacional de Salud (INS) determinó que las pruebas rápidas no eran aptas para el diagnóstico del COVID-19. Como consecuencia de ello, la entidad aceptó el canje de todas las pruebas por otro lote, el cual tampoco contó con el informe de ensayo de control de calidad del INS. La Diresa gestionó nuevamente el análisis de una muestra (pesquisa) del lote canjeado, el cual obtuvo la validación del INS. Según el requerimiento le correspondía al proveedor presentar tal validación y/o informe en su cotización para ser seleccionado como ganador.
Todos estos hechos fueron causados por los servidores de la Diresa al haber seleccionado como ganador de la contratación directa a una empresa que incumplió con lo establecido en el requerimiento, conllevando a retrasos en la recepción y conformidad de las pruebas, lo cual afectó la eficacia, eficiencia e inmediatez de la contratación, así como, la aplicación oportuna de las pruebas rápidas para prevenir la propagación del COVID-19 en la población cajamarquina.
Finalmente, el informe de control fue comunicado al titular de la entidad y al Procurador Público de la Contraloría General de la República, para el inicio de las acciones correspondientes en contra de los cuatro funcionarios inmersos en los hechos a quienes se ha identificado presunta responsabilidad administrativa y penal.
Nota de prensa Contraloría
