En lo que va del año, la Contraloría General emitió un total de 887 informes de control en las entidades públicas y detectó un perjuicio económico al Estado de S/ 10 millones 551 mil 902, reveló el Gerente Regional de Control de Cajamarca, Dilmer Echevarría Aguirre.
El funcionario informó que el perjuicio económico fue identificado en más de 16 entidades públicas donde se realizaron 20 servicios de control posterior, que incluyen acciones efectuadas en el marco de la pandemia por Covid-19. Las auditorías permitieron detectar presunta responsabilidad administrativa, civil y penal a un total de 134 funcionarios y servidores públicos.
En el listado de entidades auditadas figura el Gobierno Regional de Cajamarca, así como las municipalidades provinciales de Cajamarca, Santa Cruz, Chota, Cutervo San Ignacio, Jaén, San Pablo, San Miguel y las municipalidades distritales de Chancaybaños, Pucará, Chiguirip, La Encañada, Cachachi, Los baños del Inca y Querocotillo.
Actualmente, se encuentran en proceso 33 servicios de control específico a hechos con presunta irregularidad y 7 auditorías de cumplimiento, cuyos resultados se conocerán a fines de diciembre, adelantó el Gerente Regional de Control.
Asimismo, el Gerente Regional exhortó al Congreso de la República, la revisión y aprobación del Proyecto de Ley N° 5283/2020-CGR, presentada por la Contraloría, para recuperar la Potestad Sancionadora, que sin duda significará un gran avance en la lucha contra la corrupción e inconducta funcional, evitando con ello la sensación de impunidad generada en la población.
Nota de prensa Contraloría General de la República
