Congreso aprobó ley para militarizar territorios indígenas y comunidades campesinas

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Organizaciones indígenas y campesinas rechazan la Ley de Comités de Autodefensa (CAD) que propone entregar armas a estos grupos conformados por civiles y se incorporen a Sistema de Seguridad Ciudadana. Es decir, estén bajo el mandato de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las organizaciones indígenas denuncian que este proyecto no fue consultado con las comunidades y es inconstitucional.

Con información de Wayka, Cutivalú y Marañón

Esta propuesta autoriza a los Comités de Autodefensa a adquirir armas por compra o donación por parte del Estado o particulares. Además, dispone que podrán recibir subvenciones económicas de los gobiernos locales, regionales y nacional y del sector privado. Estas disposiciones han generado la alerta en las comunidades, pues «aumentaría la violencia en zonas donde ya existen muchos defensores y defensoras de derechos humanos asesinados».

La nueva normativa recoge las iniciativas del congresista Perci Rivas Ocejo de Alianza para el Progreso y la parlamentaria Valeria Valer Collado de Fuerza Popular. Fue aprobado en el Pleno del Congreso el 22 de abril, a pesar de contar con opiniones desfavorables por parte del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo.

LEY SIN RESPALDO

El Ministerio del Interior advirtió que armar a los CAD «no se condice con el estado de derecho» ya que supondría generar una especia de policía local. Además, que el proyecto va en contra de la política de Estado de restringir la compra y uso de armas por la población civil. Al respecto, el Ministerio de Justicia sostiene que esta ley podría generar un mercado ilícito de armas

Por su parte, el Ministerio de Defensa alerta que esta ley también genera una «sobreposición de organizaciones como las Rondas Campesinas y Rondas Comunales, en el ejercicio de atribuciones vinculadas a la realización de autoridades comunales». Lo que generaría conflictos en la organización comunitaria de los pueblos originarios y comunidades campesinas.

«La aprobación de este proyecto constituye, por un lado, un desaire a las rondas campesinas que, de acuerdo a la Constitución y la ley, tienen la prerrogativa de velar por la seguridad, justicia y paz social en las comunidades. Las rondas campesinas son democráticas, no usan armamento, todo lo resuelven mediante el diálogo en asambleas», resaltó Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria.

COMUNIDADES PROTESTAN

El presidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas de Piura, Marcial Calle López, anunció que, el próximo jueves 6 de mayo, las Rondas Campesinas se manifestarán contra el proyecto ya que contradice la autoridad de las rondas y porque no fue consultado ni con las rondas ni con la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso.

«Directamente no están destruyendo y no vamos a permitir eso. (El proyecto) transgrede a las rondas y genera conflicto interno dentro de las comunidades y de los caseríos», señaló Marcial Calle en declaraciones a Radio Cutivalú de Piura. Mediante un pronunciamiento público, las organizaciones indígenas y campesinas exhortaron al presidente Sagasti a no promulgar dicha ley.

Asimismo, en el programa Ojos y Oídos de radio Marañón en Jaén, programa exclusivamente dirigido a las rondas campesinas, diversas bases de esta institución han dado muestras de rechazo a la referida ley y aseguran que protestaran pues vulneran los derechos ganados por todo este tiempo.

El pronunciamiento ha sido firmado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Organización de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), entre otras organizaciones.

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