El pleno del Congreso aprobó esta noche –por 103 votos favor, 14 en contra y 3 abstenciones– el dictamen de la Comisión de Constitución que elimina la inmunidad parlamentaria. Como se trata de una reforma constitucional, el texto deberá ser ratificado en una siguiente legislatura con el respaldo de, por lo menos, 87 legisladores.
El texto, modifica el artículo 93 de la Carta Magna, al determinar que los procesos por delitos comunes impulsados en contra de los congresistas durante el ejercicio de su mandato “es de competencia” de la Corte Suprema de Justicia, mientras que las imputaciones anteriores a asumir el cargo quedan en las manos de un “juez penal ordinario”.
La nueva fórmula mantiene que los parlamentarios “no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”. Y, además, remarca que “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.
El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, decidió incluir dos propuestas en un texto sustitutorio. La primera es que “los magistrados del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas”, a sugerencia del acciopopulista Luis Roel Alva.
Y el otro es la incorporación de una disposición complementaria, en el sentido, de que el Congreso tiene un plazo de 30 días para adecuar su reglamento en cumplimiento de lo que dispone la presente ley. Esto a propuesta del parlamentario Luis Ancalle (Frente Amplio).
Con información de El Comercio
