La misma pena fue impuesta al ex gerente municipal, Pedro Enrique Lozada Vidaurre, y al ex jefe de abastecimientos, Hernán Quispe Paquirachin, así como, a igual periodo de inhabilitación y el pago de 200 días multa.
También fueron sentenciados los contratistas Iván Castro Toro, Miguel José Tineo Vásquez y Jhon Marlon Herrera Pérez, a tres años de pena privativa de libertad, suspendida por dos años, así como, al pago de 180 días multa, y a igual periodo de inhabilitación.
La sentencia también estableció que los condenados realicen tres pagos de S/. 20,000.00 que deberán cancelar solidariamente por concepto de reparación civil por los tres hechos acreditados.
LOS HECHOS
El fiscal Julio César Pilco Goñas, acreditó que, en el año 2015, a los pocos días de haber asumido la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Las Pirias – Jaén, el acusado Segundo Lorenzo Fernández Frías, con la anuencia y visto bueno del ex gerente municipal, Pedro Enrique Lozada Vidaurre, y del ex jefe de abastecimientos, Hernán Quispe Paquirachin, procedió a contratar tres camionetas Hilux 4 X 4, para supuestos trabajos de supervisión y traslado del alcalde.
Que el 12 de enero de 2015, el ex alcalde Segundo Lorenzo Fernández Frías celebró un “Contrato de Alquiler de Vehículo” -por tres meses- con Iván Castro Toro; con fecha 04 de mayo de 2015, celebró otro “contrato de alquiler de camioneta” -por tres meses- con el señor Miguel José Tineo Vasquez; y el 01 de julio de 2015, celebró un nuevo “contrato de alquiler de camioneta” -por tres meses-, esta vez, con Jhon Marlon Herrera Pérez; todos ellos por un monto de S/. 4,500.00 soles mensuales.
Sin embargo, dichas contrataciones se llevaron a cabo en medio de graves irregularidades, pues, no existía la necesidad del servicio, pues la municipalidad sí contaba con una camioneta para el traslado del alcalde. Que las camionetas fueron alquiladas en forma directa, sin convocar a un proceso de selección, y sin cumplir con los más mínimos procedimientos administrativos establecidos para tal fin, es decir, sin contar con cotizaciones, cuadros comparativos, etc.; siendo que, luego de hacerse pública la denuncia, los ex funcionarios sentenciados procedieron a elaborar diversa documentación sustentatoria, con la única finalidad de dar una apariencia de legalidad.
Fuente: Ministerio Público
