Según el informe «Minería ilegal en la Amazonía peruana», esta actividad ilícita se concentra a partir del 2021 en los ríos Santiago y Cenepa, en la provincia de Condorcanqui. En estas zonas se estaría desarrollando la extracción de oro aluvial mediante el uso de dragas y equipos artesanales a lo largo de las mencionadas cuencas.
A nivel de la región, se encontró que 5 distritos de este departamento tienen presencia de minería ilegal: Nieva, Río Santiago y Cenepa, en la provincia de Condorcanqui; Balsas, en la provincia de Chachapoyas; y El Milagro, en la provincia de Utcubamba.
De acuerdo con la información reportada por la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), las actividades de minería ilegal ocurren en territorios de comunidades indígenas, específicamente en las comunidades de Mamayaque, Nuevo Tutino, Tuutin, Pagki, San Antoni, Huampami, Achu y Base Militar Chávez Valdivia.
Por otro lado, a julio del 2023, la región tiene 271 mineros en proceso de formalización, de los cuales el 20.7 % está vigente y el 79.3% está suspendido por no haber cumplido con la normativa. Es importante recordar que la suspensión se hizo efectiva desde el 2021 y, de acuerdo a la norma, los mineros suspendidos no deben realizar labores hasta subsanar las observaciones.
Además, a 11 años de haber iniciado el proceso de formalización, 4 de los 5 requisitos necesarios para formalizarse tienen alrededor del 0 % de cumplimiento; incluso, en aquellos que solo exigen presentar una declaración jurada, lo que evidencia la poca voluntad de los mineros de concluir con este proceso de formalización.
Cifras amazónicas
A nivel de la Amazonía, según el informe, 22 ríos amazónicos están siendo impactados negativamente por la minería ilegal. Entre los ríos afectados figuran el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Inambari y Putumayo. El 91 % de los casos se trata de extracción de oro, principalmente minería aluvial en cuerpos de agua para lo cual se utilizan dragas de diversos tamaños.
El informe también documenta las vinculaciones que existen entre la minería ilegal y otros delitos como el narcotráfico, la tala ilegal y, sobre todo, crimen organizado; así como la afectación a la salud de las personas por el contacto directo e indirecto con el mercurio y la proliferación de enfermedades transmisibles como el dengue y la malaria.
El especialista técnico de la FCDS-Perú, Martín Arana, explicó que la tendencia creciente de esta actividad ilícita en todas las regiones amazónicas pone en riesgo a las personas, los bosques, la biodiversidad, la paz social y la gobernabilidad, por lo que se requiere una urgente intervención de todas las instancias de Gobierno.
