A seis años del Baguazo: ¿acceso a la justicia?

Este 05 de Junio se cumplen seis años,  de aquel tristísimo acontecimiento en donde murieron 34 peruanos en la Curva del Diablo, hoy llamada de la Esperanza. Pero no se va a convertir en la Curva de la Esperanza si no hacemos verdaderos esfuerzos para que así sea.

 

Por: P. Francisco Muguiro Ibarra S.J

         Director de Radio Marañón

 

De aquel triste acontecimiento quedaron en calidad de acusados unos 86. De esos, unos 30 fueron quedando en libertad por distintas razones, 50 pasaron a ser acusados con penas de hasta 35 años y cadena perpetua, 3 quedaron en prisión durante más de tres años ilegalmente. Total son 53 acusados. A todos se les había aplicado la prueba de la parafina y salieron todas negativas. Ninguno de los 53 había disparado.

 

Por acceso a la justicia se pidió que los juicios fueran en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, la capital de la mayoría los sentenciados, pero dicen que  por seguridad de los jueces no se aceptó. Quedaba entonces Bagua, pero no se consideraban con capacidad para llevar a cabo este juicio y lo pasaron a Lima. El acceso a la justicia se veía cada vez más maltratado. Pero por fin y con presiones se determinó que fuera en  Bagua.

 

Cuando empezó el juicio, Bagua estaba a 8 o 9 horas de Santa María de Nieva, pero es que muchos de los acusados eran de comunidades más lejanas, del río Cenepa, incluso del río  Santiago. Del río Santiago a Santa María de Nieva hay tres, cuatro o cinco horas, según de qué comunidad se venga. Así que si sumamos horas y conexiones que no son inmediatas, se podría hacer en un día hasta el Nieva y otro a Bagua. Y los costos solamente en movilidad  son 150 soles, añada alimentación y una noche de alojamiento, se completarían los 200 soles solamente en ir a Bagua. Otros tantos a la vuelta. 

 

A otros les habrá salido los viajes por la mitad. Pero saben cuántas audiencias ha habido? 29, pero saben de esas 29 cuantas  no se llegaron a realizar por cambios y porque no se presentaban los testigos?  8. Así que han gastado su plata, su tiempo para nada en ocho oportunidades. Totalmente frustrante. Han multiplicado 400 soles por 29 viajes?. Pues sale nada menos que 11.600 soles para los más lejanos y unos seis mil para los más cercanos. 

 

Eso sí que es un indicador de desconsideración a las circunstancias. En un principio se pidió que asistieran los abogados solamente, y los implicados cuando les tocara dar sus declaraciones, pero no se aceptó. El Poder Judicial los trató como si fueran ciudadanos que llegan a las audiencias en colectivo o taxi. No hubo consideración ni a las distancias, ni a los costos ni a nada. Lo menos que se puede decir es que ha habido maltrato, desconsideración total. Díganme qué criterios de acceso a la justicia ha habido? Ninguno.

 

Sin embargo era una gran  oportunidad para demostrarles que el Estado de Derecho era algo bueno y al que hay que someterse en cualquier caso. Con esta experiencia tan negativa no creo que lo piensen, y la curva seguirá siendo, por ahora, del Diablo y no de la Esperanza. 

 

Ningún awajún o wampis ha tenido ni tiene esos recursos a su disposición, y entonces cómo?. Pues ha sido posible gracias a la Iglesia Católica, a través de CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social),  que ha cubierto de los gastos de la mayoría, (18 indígenas y 20 mestizos) con los apoyos de la Vicaría de DDHH del Vicariato Apostólico de  Jaén y de otras ONGS, como IDL, AIDESEP, y el Centro de Pastoral de Bagua, que les daba hospedaje.

 

Cada audiencia ha supuesto 5.694 soles, solo en pasajes y alimentación sin  contar gastos de honorarios y viajes de los  abogados, y por las 29 audiencias, nada más ni nada menos que 163.821 soles. Conseguidos por colaboraciones de Secours Catholique (Caritas Francia) Porticus ( Empresa Privada Holandesa-cristiana) y Diakonia (Suecia).

 

El Estado Peruano ha estado muy lejos del criterio de “Acceso a la Justicia” de sus ciudadanos, incluso en este Gobierno que llegó al poder con el slogan: Crecimiento con inclusión. Lo que han vivido  los acusados es exclusión total, por lo menos en el trato recibido por el Poder Judicial.