¿Conoces qué ley podría desencadenar el próximo conflicto social en nuestro país?.

Se trata de la Ley 30230, aprobada en julio de este año por el Congreso de la República y que, según varias organizaciones ambientalistas, así como la  Defensoría del Pueblo, podría atentar contra los derechos de las comunidades campesinas y nativas sobre sus tierras.La medida, que formó parte del “Paquetazo Castilla”, se denomina: “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”.

¿Cuál es el problema con la ley y cómo podría afectar el derecho de estas poblaciones? Para responder estas interrogantes, Poder Ciudadano conversó con la Presidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Vanessa Cueto.

En efecto, tal como señala Vanessa, lo que está en discusión es el título tercero sobre los Procedimientos Especiales de Saneamiento Físico Legal de Predios para Proyectos de Inversión. Aquí se contempla que las tierras, así sean de propiedad privada o del Estado y estén registradas y cuenten con titulo de propiedad, serán entregadas a proyectos de inversión.

Es más, se señala que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) será el ente encargado de delimitar el área donde se desarrollará los proyectos.

Como era de esperarse las reacciones fueron inmediatas. La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado enviado a la PCM, ha manifestado que la Ley, “al no haber sido objeto de un proceso de consulta previa, no puede modificar el derecho colectivo a la propiedad de la tierra de las comunidades nativas y campesinas que forman parte de los pueblos indígenas”.

Por su parte, el Director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), Richard Smith precisó que la ley debe ser derogada porque no se ha considerado a dos instituciones importantes que velan por la titulación de tierras rurales y comunidades indígenas como son el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y el Ministerio de Cultura (Mincul).

También se ha sumado a este reclamo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Su Secretaria Ejecutiva, Rocío Silva Santisteban manifestó que es necesario “un planteamiento de ordenamiento territorial que establezca en qué espacios hay reservas ecológicas, minería o hidrocarburos”, tal como recomienda la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre el ordenamiento territorial.

Recordemos que la Ley Nº 29785 “Ley de Derecho a Consulta Previa“ señala lo siguiente:

El derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.

Incluso la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en los artículos 26 y 27, señala que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad de sus tierras, la protección jurídica por parte del Estado y su participación en las decisiones sobre estas.

Pero todo esto no se trata solo de un problema al interior del país. En su blog, el periodista Javier Lizarzaburu, señala que esta Ley también estaría poniéndole fin al cuidado de nuestro patrimonio histórico en el país.

A partir de ahora qué cosas pueden suceder con las casonas, edificios y bienes históricos:

- Podrán demoler parcialmente si lo necesitan

– Podrán demoler completamente, en casos que no sean monumentos

– Se podrán destinar a usos que el empresario decida darle

– Se podrán alterar fachadas

– Usarán distintas alturas

– Se podrá usar concreto armado, porque es más rápido y barato

– Podrán hacer prácticamente lo que les dé la gana con bienes históricos, porque no habrá nadie que vea el proyecto antes que lo ejecuten.

Que nos hayamos enterado recién de esta ley, responde a una falta de transparencia gubernamental en el sector energético.

El tema ya está en la cancha del Ejecutivo y debería ser resuelto lo más pronto posible, más aún en el marco de la Vigésima Conferencia de la Partes sobre Cambio Climático (COP20). No esperemos que la ambigüedad de esta Ley ocasione un nuevo conflicto en nuestro país.

Fuente: Proética